El juez de la Audiencia Nacional española Francisco de Jorge ha dictado órdenes europeas e internacionales de detención e ingreso en prisión contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y otros dos altos cargos del país en el marco de una causa sobre presuntas torturas a opositores en 2019.
El magistrado adopta esta decisión en atención a lo que ordenó hace unos días la Audiencia Nacional, al estimar un recurso presentado por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial–Tercera república (MLGE3R), al que se adhirieron las familias de las víctimas.
Además de Carmelo Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, la decisión afecta al director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema, y al ministro de Estado, Nicolás Obama, contra los que se dirigió la querella que dio origen al procedimiento, en 2020, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores -uno de ellos ya fallecido- en noviembre de 2019.
Los cuatro, dos de nacionalidad española y dos residentes en España, se desplazaron a Sudán del Sur desde Madrid y fueron presuntamente secuestrados el 15 de noviembre de 2019 "por personas cuya identidad no ha sido determinadas".
Después, según explica el auto dictado este viernes, habrían sido trasladadas contra su voluntad a Guinea Ecuatorial, "donde las autoridades de este país ordenarían su ingreso en una prisión de Malabo donde presuntamente serían torturados", hechos que trata de esclarecer esta investigación.
Se investigan delitos de secuestro con finalidad terrorista, desaparición forzosa y torturas y contra la integridad moral, así como, alternativamente, lesa humanidad.
La Sala de lo Penal ordenó hace un par de días dictar órdenes de arresto contra los citados altos cargos al considerar "evidente" que están en "situación de rebeldía" en una causa que "ha aportado datos bastantes que apuntan" a su "posible implicación" en los hechos que se investigan. Y recordó que los querellados han "desoído los llamamientos de comparecencia realizados" por el juez, "pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia".
El juez Pedraz acordó el envío de este procedimiento a Guinea Ecuatorial, si bien esta decisión todavía no es firme, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular la recurrieron ante la Sala de lo Penal.
Pese a que la Sala especificó que su auto no resolvía nada acerca de la competencia o no de la Audiencia Nacional, también deslizó en su argumentación que existen resoluciones del juez que "explican con claridad los motivos por los que indiciariamente sería competente la jurisdicción española".
