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El Gobierno británico aspira a pactar con la Unión Europea (UE) un periodo de transición tras el "brexit" sin una fecha de conclusión predefinida, a pesar de las presiones del sector euroescéptico del Partido Conservador, que defiende una ruptura más abrupta.

Un documento oficial sobre la posición negociadora de Londres ante Bruselas que han divulgado los medios sugiere que la etapa de transición "debería estar determinada sencillamente por el tiempo que requerirá preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la futura relación".

El texto apunta a que esa fase podría alargarse "alrededor de dos años", tal como ya ha defendido la primera ministra, la conservadora Theresa May, pero abandona la pretensión de que sea una fase "estrictamente limitada en el tiempo", como mantenía hasta ahora.

La postura del Ejecutivo en las negociaciones sobre el "brexit" ha encendido los ánimos de un grupo de más de 60 diputados "tories", que han remitido una carta a la jefa de Gobierno en la que le piden que hable con Bruselas "de igual a igual" y no acepte las posiciones de la UE como mandatos "fijos".

Esos parlamentarios critican que durante el periodo de transición el Reino Unido estará sometido a las normas comunitarias, pero habrá perdido cualquier poder para influir sobre ellas, lo que convertirá al país, según el conservador Jacob Rees-Mogg, en un Estado "vasallo" de la UE.

LA SALIDA OFICIAL DE LA UNIÓN TIENE FECHA: EL 29 DE MARZO DE 2019

Londres saldrá de forma oficial de la Unión el 29 de marzo de 2019, pero el Gobierno de May quiere mantener durante cierto periodo los beneficios del mercado único y la unión aduanera comunitaria, a cambio de continuar contribuyendo al presupuesto europeo durante ese periodo.

La primera ministra ha sostenido desde el pasado octubre que esa etapa debería durar dos años, pero el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, ha subrayado que debe limitarse a 21 meses.

Bruselas quiere que la transición concluya el 31 de diciembre de 2020, cuando se cierra el periodo presupuestario de siete años que entró en vigor en 2014, lo que permitiría entrar en el siguiente presupuesto sin contar ya con la aportaciones del Reino Unido.

La posibilidad de alargar la transición hasta que estén claros los términos de la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha es una de las medidas que han defendido empresas británicas que temen ver interrumpido el intercambio de bienes y servicios con los países de la UE.

Los empresarios han advertido también al Gobierno de que si no cierra un acuerdo sobre la transición antes de que termine marzo, doce meses antes de la ruptura oficial con la Unión, se verán obligados a activar sus planes de contingencia ante el "brexit".

El grupo de conservadores euroescépticos que han expresado su descontento a May defienden, por contra, que el Reino Unido debe prepararse para abandonar la UE sin aceptar las normas comunitarias, a pesar de que perdería los beneficios del mercado único.

"Cualquier periodo de implementación debería estar basado en los principios de la Organización Mundial de Comercio" (OMC), señala la carta que han enviado a la primera ministra. Para esos parlamentarios conservadores resulta crucial que el Reino Unido tenga la capacidad de negociar y firmar acuerdos comerciales con terceros países durante la etapa de transición.

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, criticó hoy por su parte durante una sesión de control en la Cámara de los Comunes la evolución de las negociaciones con Bruselas. "Este Gobierno no va en dirección hacia el "brexit", va en dirección hacia ninguna parte", afirmó el laborista, para quien hasta ahora May solo ha ofrecido "palabrería y retórica vacía" al explicar su postura.

Corbyn se ha mostrado partidario de que el Reino Unido trate de mantener los beneficios comerciales de las estructuras europeas, pero defiende asimismo la salida británica del mercado único y la unión aduanera comunitaria.

Diputados del Partido Liberaldemócrata, por su parte, dieron hoy respaldo al inicio de una campaña que trata de convencer a los británicos de que el Reino Unido debe dar marcha atrás y permanecer en la UE.

Los responsables de esa campaña, financiada a través de microdonaciones, utilizan un autobús con un eslogan que asegura que abandonar la Unión costará al Reino Unido 2.000 millones de libras a la semana (2.260 millones de euros). Se trata de una respuesta al autobús que utilizó el actual ministro de Exteriores, Boris Johnson, para promocionar el "brexit" antes del referéndum de junio de 2016, en el que aseguraba que abandonar la UE permitiría invertir 350 millones de libras adicionales (392 millones de euros) en la sanidad británica.