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El Gobierno italiano liderado por el primer ministro Mario Monti ha anunciado una rebaja de impuestos para los ciudadanos con ingresos anuales inferiores a 28.000 euros, así como una subida de un punto del IVA, la mitad del incremento inicialmente previsto en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Tras una maratoniana reunión de ocho horas del Consejo de Ministros, Monti compareció ante los medios ya de madrugada para presentar los acuerdos alcanzados, que aparte de esta rebaja de impuestos para las rentas más bajas incluyen recortes del gasto por importe de 3.500 millones.

De este modo, los Presupuestos de 2013 contemplan la reducción de un punto porcentual del gravamen de los dos tramos más bajos de renta. Así, el tipo del impuesto para aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a 15.000 euros pasará a ser del 22%, frente al 23% actual, mientras el de las rentas anuales de entre 15.001 y 28.000 euros bajará al 26%, frente al actual 27%. Por su parte, el gravamen de los tres tramos superiores de ingresos se mantendrán sin cambios.

Por otro lado, el acuerdo del Ejecutivo italiano contempla una subida de un punto porcentual del IVA a partir de junio de 2013, la mitad de lo previsto inicialmente, con lo que la tasa pasará al 11% en el tipo reducido y al 22% en el general. "Hoy podemos comprobar que la disciplina presupuestaria da resultados", proclamó Monti ante los medios. "Podemos permitirnos un moderado alivio", añadió al anunciar esta rebaja de impuestos, que abre un paréntesis en la severa austeridad impuesta por su Gobierno desde que llegará al poder sin pasar por las urnas en noviembre de 2010 y que ha profundizado la recesión de la economía transalpina.

De hecho, junto a estas medidas de alivio para los ciudadanos italianos, el Ejecutivo ha acordado una batería de medidas para contener el gasto público en 3.500 millones adicionales, entre las que se incluye un recorte del gasto sanitario y la congelación del salario de los funcionarios.

Asimismo, el Gobierno de Monti ha llegado a un acuerdo para reformar la Constitución italiana con el fin de reorganizar la estructura del Estado y permitir una mayor centralización del gasto y control presupuestario sobre los gobiernos regionales.