Muere un joven de 16 años durante una protesta en el oeste de Venezuela

Un joven de 16 años fha fallecido en el estado venezolano de Carabobo (suroeste) durante una manifestación opositora, con lo que asciende a 92 la cifra de víctimas mortales de la ola de protestas antigubernamentales que sacude al país desde hace tres meses.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) dijo sin más precisiones en la red social twitter que designó a los funcionarios de la Fiscalía 20 de Carabobo "para investigar muerte de un joven de 16 años durante una manifestación" en la localidad de La Isabelita.

Los diputados opositores Ángel Álvarez Gil y Marco Bozo identificaron a la víctima como Rubén Darío González y aseguraron que falleció "producto de un impacto de bala". Achacaron el hecho a la "represión" de fuerzas policiales encargadas de contener las manifestaciones o de grupos civiles afines al Gobierno.

La oposición venezolana convocó para este martes un nuevo corte de vías como forma de protesta contra el proceso constituyente impulsado por el presidente del país, Nicolás Maduro, para redactar una nueva Carta Magna, lo que arrancará con unas elecciones fijadas para el 30 de este mes.

El denominado "trancazo por la libertad" registró incidentes en varias ciudades, entre ellos Caracas donde una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en motocicletas fue alcanzada por un explosivo que, según el ministro de Información, Ernesto Villegas, dejó siete agentes heridos. El "trancazo" es el corte masivo de calles al tráfico y se ha alzado como otra forma de protesta que la oposición combina desde hace cien días con multitudinarias marchas, por lo regular reprimidas por la GNB y otros cuerpos policiales.

DISTURBIOS CALLEJEROS

Venezuela continua inmersa en una crisis que combina disturbios callejeros con campañas electorales, una por la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Gobierno, y la otra, una consulta popular organizada por la oposición, eventos mutuamente descalificados. Los choques en las calles se saldaron este lunes con un indeterminado número de heridos en las filas opositoras y al menos nueve en las de las fuerzas de seguridad de la policía militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Una patrulla de agentes de la GNB en motocicletas fue alcanzada por un explosivo en una avenida de Caracas, hecho oportunamente registrado por fotógrafos y cámaras, lo que alentó al comandante de ese cuerpo policial militarizado, general Sergio Rivero, a afirmar que estos sabían del explosivo y no alertaron a los uniformados. "Acomodan todo para hacer la mejor toma al momento que realiza la explosión el artefacto explosivo e inmediatamente hay uno de los periodistas que comienza a narrar sobre el ataque", afirmó Rivero al canal estatal de televisión VTV.

El ministro de Información, Ernesto Villegas, escribió a su vez en Twitter: "Heridos siete GNB tras ataque explosivo en #TrancazoTerrorista". El "trancazo" es el corte masivo de calles al tráfico y se ha convertido en una forma de protesta que la oposición combina desde hace cien días con multitudinarias marchas, por lo regular reprimidas por la GNB y otros cuerpos policiales.

CORTES DE CALLES Y ENFRENTAMIENTOS A PEDRADAS

En el momento de la explosión, decenas de jóvenes manifestantes se enfrentaban con piedras a los policías que, con el uso de gas lacrimógeno, golpes y perdigones de goma impedían que cortaran la autopista Francisco Fajardo, la principal vía rápida caraqueña. Tanto Villegas como Rivero informaron también de otros dos agentes heridos, en este caso de bala, en La Tahona (en el este de Caracas) y San Antonio (a las afueras de la capital).

La GNB es, junto a la Policía Bolivariana, la encargada de gestionar las protestas que se viven desde hace más de tres meses contra Nicolás Maduro, tildado de dictador por sus detractores. Un total de 91 personas, según la Fiscalía, han muerto en este período en incidentes violentos en el marco de estas y otras manifestaciones en contra y a favor del Gobierno.

El presidente del país y otros oficialistas han alabado la labor policial y han acusado a los dirigentes opositores de "terrorismo" por "instigar a la violencia". Sin embargo, el antecesor de Rivero hasta el mes pasado, el general Antonio Benavides, fue citado por la Fiscalía para declarar próximamente como imputado en supuestas violaciones de los derechos humanos contra opositores. El Ministerio Público también imputó hoy al jefe de la GNB en el Parlamento, coronel Bladimir Lugo, por un reciente ataque a diputados opositores y anunció adicionalmente que adelanta 43 investigaciones penales contra agentes por robar a los manifestantes.

Los agentes militares, según la imputación de la Fiscalía, "han despojado de motocicletas, teléfonos celulares, prendas de valor y otros objetos a personas que participaban en manifestaciones".

PREGUNTA A LOS CIUDADANOS Y QUE MADURO DESISTA

Todo ello se ha venido repitiendo desde abril pasado, aunque en los últimos días estos hechos se matizan con preparativos para la consulta opositora "vinculante" de este domingo, en la que la oposición preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa Maduro.

"Que quede muy claro que lo que vamos a decidir este domingo es de obligatorio cumplimiento para el régimen de Maduro, para la Fuerza Armada Nacional (y) para todos los poderes públicos", señaló a los periodistas el diputado opositor Luis Florido. La ANC está pautada a su vez para el próximo 30 de julio y la oposición le niega validez constitucional, al igual como el Gobierno hace con la consulta dominical.

En un país de mayoría católica, también este lunes destacó una petición de la Conferencia Episcopal para que Maduro desista de su convocatoria para elegir una instancia que, a juicio de los obispos, no servirá para resolver la escasez alimentaria y de medicamentos ni la grave crisis política que vive el país.

Además, es urgente, añaden los prelados, que Maduro reconozca "la autonomía de todos los poderes públicos" y de manera especial la del Parlamento y la Fiscalía General, dos instituciones a las que el Gobierno ha acusado de golpismo. La Conferencia Episcopal envía esta carta días después de que también calificara de dictadura al Gobierno de Maduro.

LA ONU ADVIERTE DEL NÚMERO DE DETENIDOS

La Oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos dijo hoy que el paso de prisión a arresto domiciliario del opositor venezolano Leopoldo López es "un paso inicial en la buena dirección", pero recordó que más de un millar de personas siguen detenidas en relación con las manifestaciones.

En concreto, sostuvo que 3.600 personas sufrieron detención en los tres meses que llevan las protestas en Venezuela y que -según informaciones que ha recibido de organizaciones civiles- más de 1.100 siguen detenidas.

Sobre el caso de López, el alto comisionado agregó que éste sigue privado de su libertad y ello pese a que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estudió su caso y determinó que el arresto del líder opositor es arbitrario y, por lo tanto, ilegal.

Ese órgano recibe y analiza denuncias sobre detenciones arbitrarias que ocurren en todo el mundo.

"Pedimos la liberación inmediata de todos aquellos detenidos de forma arbitraria, incluidos aquellos que han sido juzgados por tribunales militares", señaló el alto comisionado mediante una declaración por escrito.