La Iglesia Católica vive en Nicaragua desde hace cinco años un continuo hostigamiento. El dictador Daniel Ortega sigue con su particular persecución desde que en 2018, tras los enfrentamientos entre estudiantes y el gobierno por la reforma del sistema de seguro social, la Iglesia actuase como mediadora para un diálogo de paz y protegiese a quienes se manifestaban en aquella ocasión libremente.
La respuesta de Ortega fue llamar a los sacerdotes y obispos terroristas y golpistas y comenzar un asedio contra la Iglesia católica en el país. Ortega denominó a la Iglesia como "mafia organizada". "Son una mafia, miren los crímenes que han cometido, cuántos crímenes han cometido", aseveró Ortega.
Fruto de esta persecución, dos obispos fueron detenidos. Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) de ser voceros del imperialismo, señalando en particular a monseñor Abelardo Mata y Rolando Álvarez, al que condenó a 26 años de prisión luego que se negara a ser desterrado del país.
"Tenían de vocería a algunos líderes religiosos no todos, algunos líderes religiosos, como el famoso obispo de Estelí, cuyo nombre dice mucho, monseñor (Abelardo) Mata, era de los que atacaban abiertamente al Gobierno cuando estábamos en la época de convergencia. Otro obispo, como el de Matagalpa (Rolando Álvarez) se dedicaba a andar boicoteando y saboteando las actividades económicas y productivas en Matagalpa, y así habían unos cuantos sacerdotes que no aceptan la revolución porque venían del somocismo y porque son agentes del imperialismo", expresó Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 13 de abril de 2023 una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Rolando Álvarez.
La última medida que ha tomado el dictador fue prohibir la Semana Santa en Nicaragua, negando a las parroquias su derecho a realizar las procesiones tradicionales. Esta medida supone una violación del derecho recogido en el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos”.
Ni la Policía ni el Gobierno nicaragüense emitieron de forma oficial una nota en la que se prohibiese la Semana Santa. Sin embargo, las parroquias explicaron a sus seguidores que las autoridades habían amenazado a las Iglesias con cerrar su actividad si celebraban la festividad por las calles del país.
La prohibición y represión contra las procesiones religiosas obligó a las iglesias a realizar sus ceremonias dentro de los templos.