El presidente de EEUU, Barack Obama, decretó la reanudación de las comisiones militares para juzgar a presos en Guantánamo y el establecimiento de un sistema de evaluación periódica para los detenidos a los que no se pueda juzgar. El anuncio representa la mayor admisión hecha hasta ahora de que la penitenciaría en la base militar en Cuba continuará abierta aún durante un buen tiempo, pese a que el cierre de Guantánamo fue la primera promesa presidencial de Obama a su llegada al poder, en enero de 2009.
La Casa Blanca reiteró hoy, al anunciar las medidas, que continúa comprometida a cerrar esa prisión, que considera que sirve de "herramienta de reclutamiento" para la red terrorista Al Qaeda y otros grupos radicales.
En un comunicado, el propio Obama aseguró que las nuevas medidas "ampliarán nuestra capacidad de llevar a los terroristas ante la Justicia, proporcionarán supervisión de nuestros actos y garantizarán el trato humano de los detenidos".
El anuncio llega después de que el pasado diciembre el Congreso de EEUU impusiera restricciones a que los presos de Guantánamo pudieran ser juzgados por tribunales federales en territorio estadounidense, una que la Administración asegura que buscará seguir utilizando en los casos que le parezca apropiado.
Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, defienden por su parte que los juicios a estos prisioneros tengan lugar en Guantánamo.
En la actualidad permanecen 172 presos en esa cárcel, de los que unos 35 pueden comparecer a juicio ante tribunales federales o las comisiones militares.
Estas comisiones, que operaron durante el mandato de George W Bush, quedaron suspendidas y se prohibió que se les presentaran nuevos casos en 2009, después de que Obama anunciara su intención de cerrar Guantánamo en el plazo de un año.
La decisión de volver a autorizar las comisiones militares se produce, según la Casa Blanca, después de que se hayan introducido una serie de reformas para garantizar que no se podrán tener en cuenta testimonios formulados debido a maltratos o trato denigrante a los presos.
También, puntualiza la Casa Blanca, ha puesto en marcha un sistema para un mejor manejo de la información clasificada.
Por consiguiente, defiende la residencia presidencial, "las comisiones militares, junto a los juicios a sospechosos de terrorismo en tribunales civiles, son una herramienta importante y disponible para combatir a los terroristas internacionales que caigan dentro de su jurisdicción".
Para cerrar Guantánamo, la Administración se había enfrentado con una serie de obstáculos legales y de seguridad, así como la renuencia de otros países a acoger a estos detenidos.
Además de cómo enjuiciar a los presos contra los que sea posible un proceso, existe un grupo de reos de extraordinaria peligrosidad al que no se puede llevar a juicio debido, entre otras cosas, a la falta de pruebas admisibles ante un tribunal.
Entre estos presos se encuentra el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed.
Para juzgar a estos detenidos, la orden ejecutiva establece un sistema de revisión periódico -cada seis meses- que determinará si siguen representando una amenaza grave y, por lo tanto, deben permanecer bajo custodia.
En el caso de que dejaran de serlo, el secretario de Defensa y el secretario de Estado determinarían un lugar fuera de EEUU para su entrega a un tercer país.
La Administración Bush empezó a recluir a presuntos terroristas en esa base tras los atentados del 11-S. Desde entonces cientos de hombres, capturados en diferentes partes del mundo, han permanecido sin juicio, sin cargos y sin un proceso legal para su enjuiciamiento o liberación.
En algún momento llegó a haber en Guantánamo más de 750 reclusos. Casi 600 de ellos han sido transferidos a otros países, de los cuales 67 lo han sido desde la llegada de Obama al poder.
