La Presidencia egipcia acatará la decisión judicial de disolver el Parlamento

La Presidencia egipcia aseguró este miércoles en un comunicado que acatará la decisión del Tribunal Constitucional Supremo de disolver la Cámara baja del Parlamento porque Egipto es "un Estado de derecho". La declaración se produce un día después de que la citada corte ordenara suspender el decreto promulgado el pasado domingo por el presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, para restablecer la Cámara baja.

La nota expresa el respeto de la Presidencia a la institución judicial y a los fallos de la Justicia egipcia, así como "su interés en impedir cualquier choque entre los poderes del Estado". "Si el fallo del Constitucional evita que la Asamblea Popular (Cámara baja) desempeñe sus funciones, lo respetaremos, porque somos un Estado que respeta la soberanía de la ley y de sus instituciones", agrega.

La Presidencia apuntó que consultará, no obstante, con las fuerzas políticas, las instituciones y el órgano judicial para trazar "el mejor camino para salir de esta situación, superar juntos esta etapa y tratar todas las causas pendientes". Además, señaló que el decreto de Mursi "respetaba los fallos de la Justicia y la sentencia del Tribunal Constitucional" y pretendía buscar "el momento adecuado" para cumplir con ellos.

"El objetivo era obedecer el interés del pueblo y la patria, y preservar la continuación de los poderes del Estado, especialmente que el Parlamento pudiera cumplir sus labores y no se produjera un vacío de poder legislativo", añade el comunicado. El pasado 14 de junio, el Constitucional anuló los comicios legislativos por irregularidades, ya que representantes de partidos políticos habían concurrido como independientes, para quienes la ley electoral reservaba un tercio de los escaños de la cámara.

Ante el citado dictamen, la Junta Militar que gobernaba entonces el país ordenó un día después la disolución del Parlamento y retuvo en sus manos el poder legislativo hasta que se constituyera una nueva Asamblea Popular. Tras el decreto presidencial de Mursi, la Cámara baja reanudó el martes sus reuniones, aunque a los doce minutos su presidente, el islamista Saad Katatni, aplazó la sesión parlamentaria sin fijar una nueva fecha y optó por trasladar el caso al Tribunal de Casación, ante las dudas sobre la aplicación del fallo del Constitucional.