El segundo interrogatorio al detenido por el atentado de Boston revela nuevos detalles sobre las intenciones de los hermanos Tsarnaev. La confirmación por parte del propio alcalde de Nueva York de que tenían seis bombas preparadas para cometer su propio 11S añade otro elemento inquietante a la investigación.
El acusado de los atentados de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, ha sido trasladado a un hospital penitenciario federal, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Tsarnaev, de 19 años, estaba internado en el Centro Médico Beth Israel Deconess, de Boston, donde fue atendido de las heridas que sufrió durante la operación policial desarrollada para detenerle tras los ataques del 15 de abril con dos bombas en la final de la carrera de maratón de Boston.
El hermano mayor de Dzhokhar, Tamerlan, de 26 años, murió el jueves pasado durante ese enfrentamiento con la policía, tres días después de las explosiones, que mataron a tres personas y dejaron heridas a más de 200.
INTERROGADO POR EL FBI
El portavoz del Servicio de Alguaciles Federales, Drew Wade, informó de que Dzhokhar Tsarnaev quedó confinado en las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones FMC Devens, en Fort Devens, Massachusetts, unos 60 kilómetros al noroeste de Boston.
Este Servicio de Alguaciles es un organismo (agencia federal) encargado de detener a personas requeridas por las autoridades estadounidenses.
Mientras estaba internado en el hospital de Boston, Tsarnaev fue interrogado por la policía federal (FBI) y después la jueza federal Marianne Bowler se personó y le instruyó, el lunes pasado, de sus derechos, principalmente a guardar silencio, ya que todo lo que diga voluntariamente puede ser usado en su contra, y a recibir defensa legal.
Pero la gestión de Bowler ha molestado a los investigadores federales y algunos políticos, como el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano de Michigan.
"Tenemos una larga tradición según la cual los jueces no interfieren con las investigaciones", dijo Rogers en una entrevista que publica hoy el diario The Wall Street Journal. "Esto sienta un precedente muy peligroso".
En 1984 el Tribunal Supremo de Justicia validó una excepción a esos derechos que, por razones de seguridad pública permite que los investigadores interroguen a los sospechosos por un período no determinado sin leerles sus derechos.
