Los líderes comunitarios comenzarán a buscar una vía legal para cerrar el acuerdo con Turquía sobre la deportación de refugiados e inmigrantes irregulares hacia este país, tras las críticas por su dudosa compatibilidad con las normas internacionales y europeas.
Los jefes de Estado y de Gobierno intentarán fijar una posición común antes de negociar el acuerdo final el viernes con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, con especial atención al posible surgimiento de rutas alternativas de llegada a la Unión Europea (UE) tras el cierre de la de los Balcanes occidentales.
Fuentes diplomáticas han constatado un "ligero aumento" en el número de llegadas registradas en Ceuta, Melilla y Canarias desde Marruecos, lo que en términos relativos supone un aumento del 100 % porque se partía de cifras muy bajas (unos centenares de personas, en cualquier caso cifras por debajo del millar de personas).
"Hay todavía mucho por hacer", ha reconocido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha dirigido las negociaciones de los últimos 10 días tras el preacuerdo del 7 de marzo con Turquía, y ha viajado a Nicosia y Ankara esta semana para allanar el camino hacia el acuerdo. Según Tusk, la "prioridad absoluta" es asegurar que las decisiones que se tomen respetan el derecho internacional y de la UE.
Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias han alertado de que el principio de acuerdo con Ankara iría contra las normas de asilo porque, tal y como fue planteado, implica la devolución masiva de personas sin tener en cuenta que pueden tener derecho a recibir protección, así como su traslado a Turquía, que no está claro que sea realmente "un tercer país seguro".
España, por su parte, ha calificado de "inaceptable" el preacuerdo y ha dicho que rechazará expulsiones colectivas de refugiados. La cuestión más polémica de ese preacuerdo es la devolución a Turquía de todos los inmigrantes irregulares (incluidos los demandantes de asilo) nuevos que lleguen a Grecia, y la acogida por la vía legal de un sirio en la UE por cada uno deportado, el llamado mecanismo "uno por uno".
A cambio, Ankara pide 3.000 millones de euros adicionales, adelantar a junio la liberalización de visados y acelerar el proceso de adhesión a la Unión, exigencia que rechaza Chipre por la ocupación de la parte norte de la isla por parte de ese país.
La deportación de personas tendrá que hacerse sobre la base de entrevistas individuales para ver caso por caso, y el mecanismo "uno por uno" tener una carácter "temporal y extraordinario" y ser sustituido por una vía de reasentamiento voluntaria y legal hacia la UE, admitieron fuentes comunitarias.
También dijeron que el sistema debe ser "voluntario", aunque reconocieron que podrá ir ligado a incentivos como "descuentos" en los compromisos de reubicación asumidos por los Veintiocho (160.000 personas en dos años) también con una lógica de "uno por uno".
En materia de apertura de capítulos del proceso de adhesión de Turquía a la UE, en Bruselas reconocen que la "cuestión es difícil" por la fuerte posición de Chipre y el "objetivo es no descarrilar las negociaciones para la reunificación" de la isla. Sobre la posibilidad de que los ciudadanos turcos puedan viajar sin visados a la UE desde junio, todo depende de lo rápido que Ankara cumpla los 72 requisitos que tiene pendientes
