Uber es un servicio de transporte al que se le puede exigir licencia, según Bruselas

Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, de modo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias y autorizaciones como las que precisan los profesionales del sector del taxi.

El abogado general Maciej Szpunar del TJUE, cuya opinión no es vinculante pero suele inspirar el veredicto final del tribunal, considera así que Uber no puede beneficiarse del principio de libre prestación de servicios que el Derecho comunitario garantiza a los servicios de la llamada sociedad de la información.

El TJUE, máxima instancia judicial europea, analiza el caso de Uber sobre la base de una cuestión prejudicial del juzgado mercantil número 3 de Barcelona a propósito de una denuncia que presentó la asociación catalana de taxistas Elite Taxi Barcelona contra esa plataforma estadounidense.

El magistrado pidió al tribunal europeo que estableciera si Uber, plataforma que pone en contacto a viajeros con conductores particulares a través de una aplicación móvil, proporciona un servicio de transporte, como sostiene el sector del taxi, o si se dedica exclusivamente a una actividad de intermediación electrónica.

El letrado considera que Uber es "un 'servicio mixto', una parte del cual se presta por vía electrónica y, por definición, la otra no", indicó la corte europea, con sede en Luxemburgo.

Un "servicio mixto", agrega, puede estar incluido en el concepto de "servicio de la sociedad de la información" cuando cumplen dos requisitos. Primero, que la prestación que no se facilita por vía electrónica sea "económicamente independiente de la facilitada mediante esta vía", como en el caso de las plataformas de intermediación para la compra de billetes de avión o la reserva de hoteles.

"Los conductores que circulan en el marco de la plataforma Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la plataforma, sin la que no tendría ningún sentido", según el abogado general.

El segundo requisito se cumple si quien facilita el servicio electrónico y físico ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones en que se presta esta última parte, de modo "que ambas forman un todo indisociable". Esa condición está supeditada a que "el servicio principal se preste por vía electrónica", como en el caso, por ejemplo, de la venta de bienes en línea.

El abogado general tampoco cree que Uber satisfaga esa segunda condición, pues la firma estadounidense "controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano ofrecido en el marco de esta plataforma", precisó el servicio de comunicación del tribunal.

UBER IMPONE REQUISITOS A LOS CONDUCTORES

Uber "impone a los conductores requisitos previos para el acceso a la actividad y su desarrollo, recompensa económicamente a los conductores que llevan a cabo un número importante de trayectos y les indica los lugares y los momentos en los que pueden contar con un número de carreras importante o tarifas ventajosas", enumera el jurista.

Además, la compañía "ejerce un control -si bien indirecto- sobre la calidad de las prestaciones de los conductores, lo que puede llevarles incluso a ser expulsados de la plataforma, y determina de hecho el precio del servicio". "Todas estas características excluyen que Uber pueda ser considerado un mero intermediario entre conductores y pasajeros", razona Szpunar.

El letrado agrega que "el servicio de puesta en contacto de pasajeros y conductores mediante la aplicación para teléfonos inteligentes es un elemento secundario", y considera que la actividad de Uber "se trata más bien de la organización y gestión de un sistema completo de transporte urbano bajo demanda".

UBER SEÑALA QUE LA "OPINIÓN" DE LA UE NO AFECTARÍA AL SERVICIO ACTUAL

La plataforma estadounidense Uber ha señalado este jueves que las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), según las cuales se le podría exigir licencia y otras autorizaciones en los Estados miembros, son una "opinión" que respondería al producto extinto UberPop, por lo que no afectaría al servicio actual. El director general de Uber para el sur de Europa, Carles Lloret, ha asegurado que este caso "aplica específicamente a una petición de un grupo de taxistas en Barcelona sobre un producto que se llama UberPop, que ya no existe en España ni en muchísimos lugares europeos".

Lloret ha especificado que "a día de hoy" operan en España "con conductores, flotas, y compañías que tienen licencias de transporte, cumplen 'a rajatabla' la regulación, y por lo tanto, están dentro del marco normativo". Por ello, esta decisión de exigir mayores autorizaciones "no afectaría al producto que opera en la mayor parte de Europa", ha dicho. "Acatamos las recomendaciones que se puedan realizar, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para tener modelos que ayuden a las ciudades", ha valorado, criticando a su vez una legislación española que "probablemente es de las más restrictivas de Europa y limita que se pueda crear empleo, como ocurre en Francia o Inglaterra".

FEDETAXI CALIFICA DE "GRAN NOTICIA" EL DICTAMEN DEL ABOGADO GENERAL DEL TUE CONTRA UBER

El presidente de la organización representativa de los taxistas de España (Fedetaxi), Miguel Angel Leal, ha calificado de "gran noticia" el que el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Maciej Szpunar, haya dictaminado que la plataforma estadounidense Uber es un servicio de transporte al que se le puede exigir licencia y otras autorizaciones para prestar servicio en los Estados miembros.

No obstante, Leal, en un comunicado emitido por la organización, se ha mostrado cauto, ya que las conclusiones del letrado "no son vinculantes", pero sí "fundamentales en la decisión final". "Aleja las tentaciones del ministro de Economía (Luis de Guindos) de utilizar de excusa cualquier informe en contra del taxi", subrayó. En este sentido, el presidente de Fedetaxi afirmó que el dictamen de Szpunar debería ser suficiente para que el Gobierno "dé un paso al frente en su apoyo al taxi frente a este tipo de multinacionales", que, "además de practicar la elusión fiscal", "no garantizan los derechos ni de sus trabajadores ni de sus clientes".