Un tribunal británico autorizó la extradición a España del etarra convicto Antonio Troitiño tras un proceso judicial de cuatro meses en el que la defensa alegó que su cliente era víctima de una persecución política.
El juez Howard Riddle, de la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, aprobó la entrega por el cargo de presunta pertenencia a ETA, si bien retiró el de falsificación de documentos oficiales, por el que también le requería la Justicia española.
Riddle consideró que no podía "estar seguro" de que se hubiera cometido en territorio español, como exige la ley de extradición, el presunto delito de falsificación, en alusión a los pasaportes falsos que se encontraron en poder del histórico etarra cuando fue detenido por primera vez en Londres en junio de 2012.
Aunque la extradición por pertenencia a ETA está autorizada, no se llevará a cabo, pues un portavoz de la defensa adelantó a Efe que recurrirán el dictamen ante el Tribunal Superior dentro del plazo de siete días que marca la ley.
Vestido con jersey azul y sin la barba canosa de otras ocasiones, Troitiño, de 57 años, estuvo presente en la lectura del dictamen, que siguió a través de una traductora. En un documento de 28 páginas, Riddle descarta uno por uno los argumentos esgrimidos por la defensa, encabezada por Mark Summers, y concluye que "la confianza que existe entre el Reino Unido y España" y que apuntala los procesos de extradición europeos "prevalece" sobre posibles dudas en torno al proceso judicial español.
Con el apoyo de dos testigos, Summers alegó durante el juicio que su cliente era víctima de una persecución política y de un proceso de "ingeniería jurídica" para mantenerle en la cárcel, a pesar de que ya cumplió íntegra su condena.
Troitiño salió en libertad el 13 de abril de 2011 en España después de cumplir una pena de 24 años por atentados cometidos en los años 80, tras lo cual se fue al Reino Unido con documentación falsa al no tener pasaporte vigente.
En este país ha sido detenido tres veces y protagonizado tres juicios, con resultados dispares. El primer juicio se desmoronó en 2013 al derogar el Tribunal europeo de derechos humanos la doctrina Parot, que la Justicia española le quería aplicar retroactivamente para alargarle la condena hasta 2017.
Posteriormente, Troitiño fue vuelto a detener en febrero de 2014 y empezó el segundo juicio, por los cargos de presunta pertenencia a ETA y falsificación de documentos de identidad -los mismos que en su tercera detención-, que concluyó con el rechazo a su extradición al ser inválida la orden europea de arresto.
La Audiencia Nacional española corrigió ese error y ello llevó a su última detención el pasado 11 de diciembre y al inicio del tercer juicio, que hoy concluyó en primera instancia con la autorización de la extradición pero que pasará ahora al Tribunal Superior.
Riddle valora en su dictamen que, aunque, como sostiene la defensa, hayan sucedido cosas en España que puedan sembrar dudas sobre el sistema judicial español -presión política, las doctrinas Parot y Picabea, la detención de abogados de presos de ETA-, "no hay pruebas suficientes" de "ingeniería jurídica".
El magistrado también ha aceptado "la palabra" del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional de que "la única razón" por la que aún no hay fecha de juicio para Troitiño es su ausencia física, lo que satisface los requisitos de la nueva ley británica de extradición.
Riddle concluye además, en detrimento de la defensa, que Troitiño puede tener un juicio justo en España, pues, "si hubiera habido recientemente abusos flagrantes y extendidos de los derechos humanos, ello habría llamado la atención de los organismos investigadores internacionales y del Tribunal Europeo".
"Parto de la presunción de buena fe y concluyo que las autoridades españolas han actuado de buena fe y lo continuarán haciendo", escribe el juez en su dictamen, donde presume que "un sistema judicial robusto e independiente estará bien equipado" para resistir cualquier presión política.
Antonio Troitiño fue autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.
