El chavismo pide enjuiciar a la fiscal y prohibirle su salida del país

El chavismo solicitó ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela enjuiciar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y pidió la prohibición de su salida del país, después de que esta emprendiera un conjunto de acciones contra un grupo de magistrados y la Asamblea Nacional Constituyente.

El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó hoy al TSJ iniciar el proceso de remoción de la fiscal contra quien también pidió la congelación cautelar de sus bienes.

Las medidas cautelares forman parte de una solicitud presentada ante el TSJ para que inicie el proceso de remoción de la titular del Ministerio Público y determine si hay razones para llevar a juicio a la funcionaria, dijo Carreño a los periodistas desde la sede del máximo tribunal.

A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar, o amenazar la ética publica y la moral administrativa"; "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución"; y de "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".

Todas las anteriores son causales de una falta grave, según la ley orgánica del Ministerio Público, que leyó Carreño.

"Además he pedido dos medidas cautelares, la primera es la prohibición de enajenar, gravar, ceder, vender, permutar, cualquiera de sus bienes, para preservar el patrimonio", indicó para señalar que si se determinara algún daño al patrimonio se debían asegurar los bienes para resarcir el daño.

La siguiente medida responde a que el chavismo evalúa el proceder de la fiscal "como la génesis de las actuaciones de las personas que se van a fugar del país y por lo tanto en el escrito hemos solicitado una prohibición de salida del país", añadió el diputado.

La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.

No obstante, el diputado no explicó como se completaría este proceso si se calificara la falta, ya que el Parlamento, en manos de opositores que ahora respaldan a la fiscal, está en desacato y sus actos son considerados nulos.

Carreño pide además que en base a esas faltas "se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada".

El chavismo emprendió esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del Supremo por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, del que ella hace parte, y en coordinación con el Parlamento.

Por estos supuestos vicios, hoy el diputado opositor Juan Miguel Matheus introdujo una denuncia ante la Fiscalía contra dos funcionarios que componen el Consejo Moral Republicano, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo.

El TSJ, que ya rechazó la solicitud de la fiscal contra los 33 magistrados, declaró hoy "no ha lugar" la petición de ésta de antejuicio de mérito a los ocho magistrados de la Sala Constitucional para ser investigados por la decisión de esa corte con la que asumieron las facultades del Parlamento.

En consecuencia el máximo tribunal decretó "el sobreseimiento de la causa".

La medida de "antejuicio de mérito" solicitada a la plenaria del TSJ recaía sobre los magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana- Juan Jose Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

La fiscal, hasta hace poco vinculada con el chavismo, se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico con la convocatoria a una Constituyente.

Este proceso de cambiar el ordenamiento jurídico mantiene en Venezuela protestas a favor y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y durante este viernes murió el joven Nelson Arévalo, de 22 años, que fue herido en el cuello durante una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara (centro oeste).

Con la muerte de Arévalo se eleva a 74 los muertos durante la oleada de manifestaciones que comenzó el pasado 1 de abril.

Hoy también tuvo lugar una protesta en Caracas de los estudiantes de la universidad privada Alejandro de Humboldt (UAH) para rechazar la entrega de sus datos personales al Poder Electoral por parte del rector de la casa de estudios lo que, especulan, será usado para respaldar la asamblea Constituyente.