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La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados mexicana, Teresa Incháustegui Romero, ha asegurado que hasta 23.000 jóvenes han sido reclutados por las bandas del crimen organizado en todo México desde que comenzó la presidencia de Felipe Calderón, en 2006.

"Es incalculable precisar el daño por las vidas segadas, las familias rotas, mutiladas y dolidas" desde que se puso en marcha la actual guerra contra el crimen organizado.

La cifra procede de un documento de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en el que se asegura que la lucha contra el crimen organizado ha generado en estos años 10.000 menores huérfanos y 120.000 desplazados.

El documento señala que, además de los asesinatos, en este año han sucedido un "sinnúmero de violaciones sexuales" relacionadas con los operativos, y que hay 14.000 casos denunciados de manera formal. Estos datos son el resultado de informaciones proporcionadas por ONG y organizaciones de la sociedad civil.

Para Incháustegui, el Gobierno dejará "un gran saldo social", pues según sus cifras las víctimas van más allá de los 40.000 muertos que acepta la administración federal.

El presidente de la comisión, José Luis Ovando Patrón, del Partido de Acción Nacional de Calderón, dijo que aún no conoce el documento completo, porque lo está procesando la secretaria de ese órgano, Incháustegui, electa por el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero dijo que "cualquier documento por crítico que sea" será integrado para el análisis y discusión de propuestas que fortalezcan el marco legal e institucional para enfrentar, con el menor número de "bajas", al crimen.