El Gobierno y la oposición siria se verán de nuevo las caras en una segunda ronda de negociaciones de paz, empañada por la incertidumbre sobre qué se puede esperar de este proceso que de momento no ha logrado ningún resultado tangible, lastrado por el clima de confrontación entre las partes.
Mientras prosiguen los combates -con casi 1.900 muertos desde el inició de la cumbre de paz el 22 de enero-, no entra ayuda humanitaria a poblaciones asediadas, ni se liberan presos políticos, el único triunfo de este proceso es sentar a las dos partes enfrentadas en la misma sala, aunque no hablen directamente ni se miren a la cara.
El mediador Lajdar Brahimi ha propuesto a ambas delegaciones volver a verse a partir del próximo 10 de febrero, a lo que ha accedido la delegación de la oposición, pero la gubernamental debe consultar en Damasco la conformidad con esa fecha.
Aunque difieren en la forma y la escala de prioridades, las dos partes están de acuerdo en que el final de este conflicto, que desangra el país desde hace casi tres años -con más de 130.000 muertos y nueve millones de personas sin hogar-, pasa por una "solución política".
La oposición reitera que el primer paso para el fin de la violencia debe ser la creación de un órgano de gobierno transitorio, que sustituya el actual, para que ponga fin a la violencia y encamine una transición política que culmine en elecciones.
El régimen elude en toda intervención mencionar ese órgano de gobierno y defiende que no se puede iniciar un proceso político si el país continúa sufriendo la violencia de grupos armados, que ellos identifican con terroristas.
Para apoyar sus posiciones, las dos partes se escudan en el "Comunicado de Ginebra", documento base de este proceso, aunque lo interpretan en función de sus intereses.
El reto de Brahimi para la siguiente ronda será lidiar con las diversas lecturas que las partes hacen del texto para sacar las conversaciones de su punto muerto.
La tarea es ardua y el mediador lo sabe, por lo que mantendrá contactos con las dos delegaciones durante los diez días de pausa con la esperanza de reanudar el proceso de paz de manera más organizada y productiva.
RETOS
La oposición también encara la próxima ronda con el importante desafío de ganarse el respeto de su contraparte como interlocutor y, consciente de esa debilidad, su portavoz Louay Safi, expresó su intención de sumar nuevos apoyos a la causa.
La decisión de último minuto de la Coalición Nacional Siria (CNFROS) de acudir a este proceso de paz le valió importantes pérdidas en su alianza. Un argumento que, junto con el hecho de que la mayoría no viven dentro de Siria, el régimen esgrime de manera recurrente para negarles legitimidad.
"Se ha visto una enorme división entre ellos. Sentimos que esta delegación (opositora) y los que están detrás de ellos no tienen contacto con nadie en el terreno", señaló el ministro sirio de Exteriores, Walid al Mualem, en referencia a países como Estados Unidos, Catar o Arabia Saudi, que apoyan a la coalición.
Al Mualem, jefe de la delegación gubernamental, no ha estado presente en las negociaciones, de la misma manera que el presidente del CNFROS, Ahmed Yarba, que delegó en otro miembro de la oposición la tarea de dirigir las conversaciones.
Ajenos a los medios durante una semana, ambos reaparecieron ayer en Ginebra, al término de las negociaciones, para reafirmar sus posiciones, todavía distantes, sobre el futuro de Siria.
Yarba también aprovechó su discurso para lanzar un mensaje a sus rivales, a los que advirtió de que sentarse en la mesa de negociación es "el principio de su fin".
Con un espíritu más conciliador, Brahimi, en su balance de la primera ronda, reconocía que el arranque del proceso ha sido "muy modesto", aunque valoró esta primera toma de contacto como una oportunidad para que "se acostumbren a sentarse cara a cara y a escucharse".
Está por ver si esta semana de calentamiento previo sirve para lograr algo sustancial sobre el terreno en la próxima cita, aunque sólo sea en el plano humanitario.
Según datos de la ONU, hay más de 200.000 personas que viven en poblaciones asediadas sin ningún acceso a comida o medicinas y unas 800.000 residen en lugares donde las agencias humanitarias tiene un acceso irregular.
