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El nuevo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitó hoy por primera vez desde que asumió el cargo el pasado miércoles la maltrecha central nuclear de Fukushima, para observar las labores de desmantelamiento de la planta.

Su visita a la central tiene como objetivo demostrar el serio compromiso del Gobierno para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el tsunami y la crisis nuclear de marzo de 2011 y su apuesta por revitalizar la economía, según señalaron sus asesores a la agencia local Kyodo.

Abe acudió al centro deportivo J-Village, reconvertido en campamento base para los operarios de la planta, para ataviarse con un traje protector contra la alta radiación y reunirse con los trabajadores que luchan por desmantelar la central.

"Sé que el trabajo de desmantelamiento (de los reactores de la central) es duro. Pero avanzan bien y todo os lo debemos a vosotros", indicó Abe.

En su agenda, está previsto que Abe visite también los edificios de la central que contienen las unidades dañadas y se reúna con empleados de la operadora de la planta Tokyo Electric Power (TEPCO), que trabajan en la retirada el combustible gastado en la piscina del reactor 4.

Además, el primer ministro acudirá a los albergues temporales en la provincia de Fukushima, en los que se encuentran algunos de los cerca de 52.000 desplazados que dejó la crisis nuclear.

Se trata de la segunda inspección de Abe a la planta después de la que realizó en octubre de este año, como líder del por aquel entonces opositor Partido Liberal Demócrata (PLD).

La visita de hoy ha despertado las dudas sobre la política energética que tomará el nuevo Gobierno de Abe, quien nunca ha adoptado una postura clara con respecto a las nucleares y se ha comprometido a tomar una decisión en los próximos tres años.

La crisis nuclear en Fukushima, la peor desde Chernóbil en 1986, ha provocado pérdidas millonarias en la agricultura, la ganadería o la pesca del país.

En total, unas 3.000 personas trabajan en las instalaciones de Fukushima Daiichi para poder retirar el combustible dañado y desmantelar las unidades afectadas, un proceso que, según los expertos, puede llevar hasta cuatro décadas.