Dos muertos y 261 detenidos durante la huelga general contra Maduro

La oposición venezolana redobló la presión contra el presidente Nicolás Maduro con una huelga general que paralizó zonas enteras en varias ciudades y se saldó con dos muertos y al menos 261 personas detenidas durante los cortes masivos de calles que acompañaban al paro, en la jornada con más arrestos desde el pasado 19 de abril.

Manifestantes que impedían la circulación con basura, ramas de arboles y otros obstáculos se enfrentaron con las fuerzas del orden después de que éstas intentaran despejar vías públicas en distintos lugares de Caracas y el interior de Venezuela.

Ronney Tejera, de 24 años, murió al ser herido por "arma de fuego" en una manifestación en la ciudad de Los Teques, al suroeste de Caracas, en un incidente confirmado por la Fiscalía en el que resultaron heridas otras tres personas y del que no ofreció más detalles.

El otro muerto es Andrés Uzcátegui, de 23 años, que murió durante una manifestación en la céntrica ciudad de Valencia (Carabobo) en la que se registraron, además, seis heridos, según la Fiscalía. El paro es parte de la "fase superior de la lucha cívica" convocada por la oposición después de que el pasado domingo 7,4 millones de ciudadanos rechazaran en una consulta popular la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro para modificar la Carta Magna.

Diputados y otros líderes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se felicitaron por el seguimiento del paro -convocado por 24 horas y que debe durar hasta las 06.00 hora local (10.00 GMT) del viernes- y publicaron imágenes de calles desiertas con los comercios cerrados en numerosas ciudades, según informa EFE.

El éxito del paro fue contestado por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), que aseguró que no tuvo convocatoria y los empleados acudieron a sus puestos "como todos los días".

"Le decimos al fascismo, al terrorismo, que aquí no hay clase obrera que se preste a ningún paro con sus propios verdugos", dijo el presidente de la CBST, Wills Rangel, en alusión a la mayor patronal del país, Fedecámaras, que permitió a sus asalariados no ir hoy a trabajar.

Opositores y grupos proderechos humanos como Foro Penal Venezolano (FPV) denunciaron la "represión" de la Guardia Nacional (GN, Policía militarizada) y la Policía contra quienes interrumpían el tráfico.

Efe constató enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Caracas, donde la Policía y la Guardia intentaron abrir al paso las calzadas lanzando gas lacrimógeno y perdigones contra quienes levantaban barricadas en la vía pública, algunos de los cuales respondieron con piedras, botellas y otros objetos.

Hechos similares se saldaron con la detención de al menos 173 personas en toda Venezuela, según el FPV, que cifra en 76 el número de arrestos en la región occidental de Zulia, seguida por la provincia isleña de Nueva Esparta (43 apresados) en una lista de detenciones en la que aparecen 11 estados del país. Uno de los escenarios de los citados disturbios fue el municipio de Sucre, en Caracas, cuyo alcalde, el opositor Carlos Ocariz, fue responsabilizado por Maduro de un "ataque" a la sede de la televisión estatal VTV que habría ocurrido al mismo tiempo que se incendió una unidad de la empresa pública de correos.

"He ordenado capturar a todos los terroristas (...) y responsabilizo al alcalde Ocariz, y pido a la justicia actuar con el alcalde Ocariz inmediatamente, responsable del ataque a VTV", dijo el presidente en un acto de campaña por la elección a la asamblea constituyente. Esta previsto que esta asamblea constituyente sea elegida el 30 de julio y es vista por la oposición y numerosos sectores sociales como un intento chavista de "consolidar la dictadura" en Venezuela. Su retirada es la principal exigencia que hace la oposición y los manifestantes a Maduro.

Algunos de estos manifestantes aseguraron hoy a Efe que no abandonarán los actos de desobediencia civil ni renunciarán a responder con violencia a los arrestos y perdigonazos de la Guardia en los días que les quedan para tratar de detener este proceso.

"Estamos en el final, si (...) no llegamos a detener este problema tenemos que, como quien dice, entregarnos, y eso no puede ser", declaró un manifestante mientras vigilaba la barricada con la que había atrancado una calle del oeste caraqueño.

Varias fuentes han informado del fallecimiento de otras dos personas en hechos violentos relacionados con el paro general, aunque esas muertes no han sido confirmadas aún por el Ministerio Público.

"261 arrestos por protestas verificados hasta ahora. Desde el 1 de abril es la segunda mayor cantidad de detenidos en un día después del 19 de abril", detalló en Twitter el director ejecutivo de la organización proderechos humanos Foro Penal (FPV), Alfredo Romero.

Del total de detenidos, más de 100 arrestos se han producido en la provincia occidental de Zulia, limítrofe con Colombia, mientras que en Nueva Esparta (noreste) se cuentan al menos 43 arrestos.

Según el balance de FPV, hay detenidos en once de los veinticinco estados del país. Caracas, la capital, y Carabobo (norte), siguen en la lista con 10 y 7 detenidos, respectivamente, mientras que los estados Anzoátegui (oriente) y Aragua (norte) van detrás con 6 arrestos cada uno.

El paro de hoy, que concluye a las 06.00 hora local (10.00 GMT) del viernes, llamaba a negocios y trabajadores a parar su actividad, y pedía a los vecinos que cortaran el tráfico de sus calles en todo el país.

Según los convocantes, la huelga tuvo un seguimiento del 85 %. La jornada tuvo una incidencia desigual en distintas zonas de las ciudades de Venezuela.

EL SUPREMO ANULA LA DESIGNACIÓN DE JUECES

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló hoy el proceso para la designación de magistrados que lleva a cabo la Asamblea Nacional (Parlamento), en poder de la oposición, un día antes de que los diputados juramenten a 33 jueces para sustituir a otros que considera ilegítimos. La Sala Constitucional del máximo juzgado "declara la nulidad por inconstitucionalidad" de dicho proceso "por afectación directa de interés colectivo y difuso debido a los efectos de este proceso y de todos los actos dictados con ocasión del mismo" por la Cámara, reza la sentencia.

El Supremo indicó que con este proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados", y advierte de "consecuencias jurídicas". Reitera también que la Cámara fue declarada en desacato por el Poder Judicial por lo que "todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica", según informa EFE.

Según la oposición venezolana y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, 33 jueces del Supremo que fueron designados en diciembre de 2015, días antes de que el chavismo perdiera el control del Legislativo, son ilegítimos por irregularidades cometidas durante el proceso de selección. Ortega Díaz ha impugnado a esos 33 magistrados y ha dicho incluso que uno de ellos, actual integrante de la Sala Constitucional, no fue evaluado por el Consejo Moral Republicano sino designado deliberadamente por el Parlamento cuando el chavista Diosdado Cabello lo presidía.

La mayoría opositora aprobó el martes el informe final sobre la designación de estos magistrados y acordó tomar juramento de los seleccionados el viernes. Esta medida es parte de la "fase superior" de presión del antichavismo contra el Gobierno que empezó el pasado domingo con una consulta popular en la que participaron 7,5 millones de personas, según los organizadores. En este plebiscito el 98 % de los votantes rechazó el cambio de Constitución que promueve el Ejecutivo, pidió a la fuerza armada que acate al Parlamento y aprobó renovar los poderes públicos, así como llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.