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El fiscal argentino Alberto Nisman estaba arrodillado cuando recibió el tiro que le mató, según las conclusiones de los peritos contratados por la querella en la causa que investiga su muerte, reveló el diario La Nación.

A partir de fotografías, vídeos y visitas a la vivienda de Nisman donde fue hallado muerto el pasado 18 de enero, los peritos de la querella dedujeron que Nisman estaba frente a la bañera y "probablemente" tenía a "un atacante ubicado detrás", unas conclusiones que contradicen las del peritaje oficial y fueron cuestionadas hoy por el Gobierno.

Los expertos contratados por la querellante y exmujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, aseguraron haber descubierto manchas "lavadas" en el grifo y el lavadero del baño del fiscal.

Además, sostuvieron que la ausencia de restos de pólvora en la mano derecha de Nisman se debía a que hubiese algo tapándola, como un "objeto o una mano". Estas conclusiones difieren de las de la autopsia oficial, que rechazaron la participación de terceras personas en el deceso del fiscal.

Por el contrario, Arroyo Salgado sostuvo en una conferencia de prensa donde presentó el informe de los peritos de la querella que "Nisman no se suicidó, lo mataron". La fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, ha convocado a los peritos y evalúa solicitar una Junta Médica tras interrogarlos.

El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, declaró hoy a la prensa que la causa que investiga la muerte de Nisman "se encuentra en un juzgado de instrucción, con las pericias hechas por miembros del cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema y de acuerdo a los protocolos vigentes" y aseguró que "los demás son informes de peritos contratados".

Según Fernández, la querella "no presenta peritajes, sino informes" que "pueden expresar los que se les ocurra, pero no necesariamente tienen que ser tenidos en cuenta en la causa, porque no fueron hechos conforme a los protocolos".

Nisman murió en circunstancias aún sin aclarar cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de iraníes sospechosos de haber planificado el atentado contra la mutua judía AMIA en 1994, que causó 85 muertos.