Dos políticos canarios expulsados de Marruecos denuncian "torturas" en los propios hospitales

El alcalde de San Mateo (Gran Canaria), Gregorio González, y la concejala de Telde, Josefa Milán, han denunciado este miércoles que las "torturas" a saharauis heridos tienen lugar en los "propios hospitales" por parte de Marruecos.

González explicó, a su llegada al Aeropuerto de Gran Canaria tras ser retenido y expulsado de la zona por la autoridad marroquí, que los saharauis "no van a los hospitales porque los que han ido son torturados en los propios hospitales y no reciben ningún tratamiento médico".

El político canario relató que los saharauis curan sus heridas con la ayuda de una persona que controla la medicina tradicional, pero que ya no colabora con ellos después de que su familia haya sufrido el acoso y la agresión de la autoridad marroquí.

Gregorio González y Josefa Milán, enviados como observadores por la Fecam, explicaron que traían mucha documentación acreditativa del sufrimiento de los saharauis pero que la mayoría les ha sido arrebatada esta mañana por Marruecos.

En todo caso, explicaron que sí han conseguido pasar unas conversaciones grabadas con heridos en El Aaiún, que harán públicas en los próximos días.

El alcalde de San Mateo dijo que la situación del Sáhara occidental es de "asedio marroquí", con "policía cada 10 metros", con la "población aterrorizada y todos escondidos".

"La sensación es de una ciudad basada en el terror y en el miedo", contó, para a continuación explicar que tuvieron una entrevista con la activista saharaui Aminetu Haidar, con quien estuvieron "hasta las 4 de la mañana de hoy haciendo visitas".

"TRAEMOS FOTOS"

Preguntados por cifras, Josefa Milán dijo: "Cifras no traemos pero si todavía hay alguien que dude de la masacre de Marruecos contra los saharauis, en primer lugar pueden ir allí personalmente, pero por si no quieren ir y quieren más datos traemos fotos de los heridos", sentenció, para comenzar a enseñarlas y explicar las historias detrás de cada instantánea.

"No hemos sacado las caras porque tienen miedo", contó. "Nos piden que ayudemos a romper el bloqueo de Marruecos. Y a los políticos nos piden que presionemos a nuestro Gobierno para que lidere la solución definitiva al conflicto "con lo que no es otra cosa que el referéndum", apostilló.

La Audiencia Nacional pregunta a Marruecos si investiga la muerte de un español en El Aaiún

Por otra parte, el juez central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido información a Marruecos para saber si el Ejecutivo alauí investiga la muerte del ciudadano español Baby Handay Buyema y los disturbios que tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre en el campamento de la Dignidad de la capital administrativa del Sáhara Occidental, El Aaiún, antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de las querellas presentadas ante su Juzgado por el hermano del fallecido y la Liga Española Pro Derechos Humanos, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado responde así de forma positiva a la petición realizada por la Fiscalía, que solicitó que acreditara si existe o no "una investigación efectiva por los hechos denunciados en el ámbito de la Administración de Justicia del Estado de Marruecos" mediante el envío de una comisión rogatoria.

El Ministerio Público defendía, además, que, a falta de "una ulterior información más completa" los hechos ocurridos en el Sáhara Occidental "podrían tener naturaleza delictiva" y ser constitutivos de "un delito de lesa humanidad".

En opinión del fiscal que firmaba el escrito, Pedro Martínez --que advierte que no puede descartarse la existencia de otras víctimas de nacionalidad española-- la actuación de la policía marroquí se dirigió contra "un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado un grupo nacional o étnico".

Las querellas presentadas en la Audiencia Nacional están dirigidas contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, los titulares de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el gobernador de El Aaiún, Mohammed Jelmous, el jefe de la Policía del cuerpo especial de los GUS y "aquellos policías todavía sin identificar que intervinieron directamente en el asesinato" de Baby Handay Buyema.

La ONG solicitaba la declaración como testigo en la causa de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que detalle el conocimiento que tuvo de estos hechos y las medidas que el Gobierno español tiene previsto tomar al respecto.

Los querellados están acusados del asesinato de un centenar de personas, entre ellas el ciudadano español Baby Hamday Buyema, así como la desaparición de otras 600. Piden que sean imputados por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro.