Pancarta de los vecinos afectados en la calle María Guerrero de Carabanchel , en febrero de 2020 | TELEMADRID
(Actualizado

Diecisiete familias residentes en los bloques de la calle María Guerrero 11-15 de Carabanchel han conseguido firmar un alquiler tras sufrir dos intentos de desahucios fallidos, informa este jueves el Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

Según el acuerdo negociado por este sindicato con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), estos contratos serán de siete años y estarán vinculados a los ingresos de quienes residen en las viviendas, no pudiendo superar el 30% de sus retribuciones.

Los afectadas habían firmado contratos de arrendamiento con la empresa constructora Proisa y Proyectos Inmobiliarios Stout, pagando las rentas de sus contratos de alquiler hasta que dicha empresa entró en concurso de acreedores.

La presión de los vecinos logra que se paralice el desahucio de un edificio en Carabanchel

A causa de ello, los inmuebles fueron adquiridos en subasta por la Sareb, la cual se negó a respetar los antiguos alquileres o negociar unos nuevos, indican los afectados.

En 2020 dicha entidad solicitó el desahucio de las 17 familias en hasta dos ocasiones, con el despliegue de un dispositivo de las Unidades de Intervención Policial, aunque se detuvieron debido a la presión y las movilizaciones.

"MIEDO Y PRESIÓN"

En este tiempo, los vecinos trataron de ponerse en contacto con Sareb, pero ésta se negó en todo momento a establecer algún tipo de diálogo o negociación, hasta que optó por ceder los inmuebles a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

Paula Villegas, vecina del inmueble, ha destacado que han tenido que "aguantar mucho miedo y presión por el simple hecho de reivindicar el acceso a una vivienda universal, sin desahucios y sin tener que pagar casi todo nuestro salario para vivir”.

Sin embargo, desde ese momento el Sindicato de Vivienda de Carabanchel intensificó los esfuerzos de negociación y hoy, casi 3 años después, el sindicato ha anunciado en un comunicado que las 17 familias ya han conseguido firmar contratos de alquiler de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).