Agentes de la Policía Nacional han liberado a 32 víctimas de trata | EFE
(Actualizado

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual en una operación en la han sido detenidas 26 personas que han podido obligar a prostituirse a cerca de 600 mujeres en el último año en casas de Madrid, Toledo y Málaga, de las que 32 han sido liberadas en este operativo.

Se trata de la primera cooperación de un cuerpo policial europeo con el Centro Especializado para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas que la agencia Ameripol ha establecido en Río de Janeiro (Brasil), que se ha saldado con nueve arrestados en Madrid, doce en Toledo y cinco en Málaga.

Entre los detenidos se encuentran los cabecillas de la organización, para los que ha sido decretado su ingreso en prisión provisional.

Se han llevado a cabo once registros domiciliarios y el cierre de cuatro casas utilizadas a modo de clubes de prostitución, en los que se han intervenido 40.000 euros en efectivo, un arma de fuego con munición, diversas cantidades de cocaína, marihuana, hachís y tusi, 500 pastillas para la disfunción eréctil, tres vehículos, dispositivos electrónicos y documentación.

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La investigación se inició en junio de 2023 cuando una víctima alertó de la existencia de una red que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en casas de Madrid, Toledo y Málaga.

Durante el operativo se han intervenido numerosos contratos laborales firmados por las víctimas que ha llevado a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 mujeres habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con las que la red contaba y que han sido clausuradas.

El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país.

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Aprovechándose de esa vulnerabilidad los explotadores captaban a las mujeres a través de empresas localizadas en el país de origen o de los contactos que establecían las encargadas de las casas donde eran explotadas.

Prometían a las mujeres unas ganancias de cinco mil euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar y las víctimas contraían una deuda de entre tres mil y cuatro mil euros con la organización.

Pero en realidad las mujeres debían estar disponibles las 24 horas de todos los días y arregladas cuando eran requeridas para presentarse en un máximo de cinco minutos.

Además tenían prohibido engordar y eran expulsadas de la casa en caso de no cumplir con los cánones de belleza y exigencias precisadas por los líderes de la organización.

Los integrantes de la organización hacían firmar a las mujeres un contrato de cesión de sus derechos de imagen y posteriormente aparecían en portales web con contenido para adultos.

Las mujeres vivían en condiciones de total insalubridad, hacinadas en habitaciones generalmente en los sótanos de las casas, de pequeñas dimensiones, con las camas separadas por cortinas y con poca ventilación.

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Estas condiciones contrastaban con la parte de la casa destinada al ejercicio de la prostitución, en la que se cuidaba todo lujo de detalles.

Las víctimas eran supervisadas constantemente con múltiples cámaras de vídeo-vigilancia por todas las estancias, incluso en las habitaciones en las que ejercían la prostitución, algunas escondidas.