Abogados, procuradores y forenses respaldan la Ciudad de la Justicia

Abogados, secretarios judiciales, procuradores, psicólogos, graduados sociales y forenses han respaldado la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, un proyecto que ven "razonable y realista", y cuyo concurso público saldrá a la luz en febrero.

Así lo han subrayado la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert; el decano del Colegio de Procuradores, Antonio Alvarez-Buylla; el secretario de gobierno del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, José Palazuelos; la vicepresidenta primera del Colegio de Graduados Sociales, Eva Torrecilla; el decano del Colegio de Psicólogos, Fernando Chacón; tras la reunión mantenida esta mañana con Victoria y con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Agustín Carretero.

Durante dicho encuentro, Victoria ha explicado a los representantes de los profesionales de la Justicia madrileña que la futura Ciudad de la Justicia, que se ubicará en el Parque de Valdebebas, dispondrá de más de 3.600 metros cuadrados que el Gobierno regional cederá a los diferentes colegios oficiales de profesionales de la Justicia.

"Algo que, además de darle a estos trabajadores un espacio de trabajo favorable, en última instancia, redundará en la rapidez, eficacia y agilidad de la Justicia madrileña", ha asegurado el responsable regional de Justicia.

Por su parte, Gumpert ha apoyado el proyecto porque soluciona el problema de la gran dispersión actual de los órganos judiciales, que redundará un mejor trabajo de los profesionales y un beneficio para los madrileños ya que hoy la Justicia "no está a la altura" de los ciudadanos.

Al igual que la decana de los abogados madrileños, Alvarez-Buylla ha reclamado que se instale una administración electrónica en la Ciudad de la Justicia para que ésta sea más ágil. Eva Torrecilla también ha dado su apoyo al proyecto, para que sea un "espacio común" en el que puedan trabajar las diferentes administraciones.

ESPACIOS ESPECIFICOS PARA LOS PROFESIONALES

Además, en términos generales, Victoria ha indicado que la Ciudad de la Justicia contribuirá a mejorar la agilidad judicial en al menos un 20 por ciento por el ahorro directo que se producirá, por ejemplo, en el tiempo de desplazamientos y en traslados de expedientes.

El consejero también ha explicado que el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia prevé más de 200.000 metros cuadrados divididos en tres grandes bloques (penal, civil y administrativo-institucional) para agrupar los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid, que actualmente están distribuidos en 28 sedes.

Con este complejo, la Comunidad de Madrid alcanzará la mayor concentración de órganos judiciales de España en un espacio en el que prevalecerá el carácter práctico y funcional por encima de la estética, que estará adaptado a las nuevas tecnologías y en el que primarán también criterios de ahorro energético y accesibilidad para personas con discapacidad.

En aras de esa practicidad, el proyecto se ha concebido dejando atrás la división tradicional por juzgados para implantar la agrupación por áreas jurisdiccionales, lo que hará el espacio mucho más cómodo para profesionales y ciudadanos.

"Bajo estos criterios dispondremos también las áreas para que los profesionales de los diferentes colegios oficiales desempeñen su labor de manera óptima", ha subrayado Salvador Victoria, quien ha recordado que la Ciudad de la Justicia agrupará a 42.000 abogados y 1.719 procuradores y que se calcula que más de 25.000 personas, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otros trabajadores, pasarán diario por la Ciudad de la Justicia.

En este sentido, el consejero ha recordado que este proyecto, que arrancará en julio del año que viene y se 'estrenará' en el verano de 2019, pretende convertirse en un elemento dinamizador y potenciador de la zona noroeste de la capital.

Costará unos 483 millones de euros, que abonará la empresa adjudicataria, de manera que la Comunidad de Madrid no asumirá gastos, ya que pagará un canon de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid.

Los estudios realizados por el Gobierno regional prevén que la Ciudad de la Justicia, que contempla también 60.000 metros para explotación de infraestructuras y servicios (restauración, comercios, aparcamientos, etc.), genere un impacto económico cercano a un incremento de una décima del PIB regional durante cada uno de los cuatro años que dure la construcción del complejo, con una mejora de la producción anual de 282,5 millones, unas ganancias de actividad de 118 millones y la creación de más de 2.200 puestos de trabajo.