El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha dictado apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) y ocho de sus ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como 'Caso ITV'.
En el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Efe, se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid, que ya ordenó hace meses la reapertura de las diligencias después de que en un primer momento la jueza archivara las actuaciones.
De esta manera, la Audiencia Provincial de Madrid deberá discernir si Posse y el resto de ediles investigados perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonar la deuda a la empresa ITV Móstoles, a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor.
Además, en su auto, fechado el 31 de julio pasado, la jueza requiere a los acusados para que de forma conjunta y solidariamente en el plazo de un día presten fianza en cantidad de 817.453,94 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases señaladas".
En este punto, da orden incluso de abrir pieza separada para que los procesados no se escapen de restablecer el equilibro económico que presuntamente rompieron en las arcas mostoleñas.
Por último, recuerda que las acusaciones populares y particulares y la Fiscalía han solicitado la apertura del juicio oral por 12 y 15 años respectivamente de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio.
Hace cuatro meses la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitaba una condena de 12 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles y ocho de sus ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al llamado 'Caso ITV'.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, la Fiscalía entendía que existía un delito de prevaricación por el perjuicio causado a las arcas municipales por la condonación de una deuda de más de 2 millones de euros a la citada ITV Móstoles.
La Fiscalía insistía en que los acusados "ocasionaron un perjuicio económico" al Ayuntamiento en este 'Caso ITV' al acordar por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.
Sin embargo, no veía un delito de malversación, por lo que no solicitaba penas de cárcel ni para Noelia Posse ni para el resto de acusados.
Algo con lo que los dos exediles de Más Madrid que presentaron la querella inicial, Gabriel Ortega y Susana García Millán, no están de acuerdo, ya que aseguran que hubo delito de malversación de caudales.
Por ello, en su escrito de acusación, los exediles de Más Madrid Ganar Móstoles han solicitado 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta para Noelia Posse y sus ocho ediles por el 'Caso ITV', a los que acusa de un delito de prevaricación y también de malversación.
El Ayuntamiento de Móstoles, que se personó también en la causa con la entrada del nuevo equipo de Gobierno, también se sumó a la tesis de Más Madrid, ya que entienden que sí que hubo delito de malversación de caudales en la actuación de Noelia Posse y sus ediles.
Además de Posse, la acusación también se dirige contra el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigadas las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.
Todos ellos, junto al exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que sigue una defensa separada de los otros ediles, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó en 2020 la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.