La Audiencia de Madrid ha absuelto a los 30 procesados del caso Guateque, considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, tras dar por nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción ya que la grabación que dio origen a la investigación se hizo sin autorización del juez.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los magistrados de la Sección Segunda explican que el origen del procedimiento judicial se fundamentó en una "supuesta grabación espontánea" hecha el 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, sin haberse puesto en conocimiento del juzgado. Además, estos magistrados cargan duramente contra la actuación de "mala fe" de la Guardia Civil.
La Fiscalía pedía entre seis meses y 31 años de prisión para los treinta acusados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.
Todos ellos formaban parte de la considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos.
La lista la forman empresarios y 19 funcionarios de rango medio del consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en Medio Ambiente. No hay ningún político encausado.
Con todo, el tribunal recuerda que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.
LOS MAGISTRADOS ESTIMAN QUE LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL "ACTUARON DE MALA FE"
Los magistrados les absuelven al considerar que ha quedado demostrado que en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica, y no fue el denunciante de motu propio.
Lo hicieron con la finalidad de que grabara una conversación en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza. Ni la grabadora ni la cinta con la conversación fueron entregadas en el juzgado de instrucción.
"Es inexplicable que no se haya aportado la cinta original al juzgado, ni que éste haya requerido su entrega o, al menos, realizara alguna indagación al respecto", afirma la sentencia.Y añaden: "Resulta igualmente paradójico el silencio que sobre este extremo guardaron las acusaciones durante la instrucción, mutismo que se ha extendido al acto del juicio oral, en el que no ha prestado declaración ninguna persona que hubiera escuchado la grabación original".
Los magistrados indican que se vulneraron todos y cada uno de los requisitos jurídicos exigidos en la incorporación al proceso de la grabación que dio origen a la denuncia, ya que, "ésta no sólo no supera lo controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe".
Por todo ello, sostienen que el auto que dio origen a la instrucción se asienta exclusivamente en el "relato falaz" del atestado de la Guardia Civil, de ahí que la grabación adolezca de valor probatorio, ya que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y genera una patente indefensión.
"Los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal", señala la resolución.
Este hecho inicial tiene, en consecuencia, una "eficacia contaminante sobre el resto de las pruebas practicadas", también en relación con las de confesión efectuadas por varios acusados, al estar directamente relacionadas con el resultado de las intervenciones telefónicas que consideraron válidas y que han resultado nulas.
UNO DE LOS ABOGADOS DEFENSORES: "SE HA HECHO JUSTICIA PERO A MEDIAS"
El abogado defensor de Joaquín Fernández Castro, el que fuera máximo responsable del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, ha afirmado este lunes que el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzgó el 'caso Guateque' ha "hecho Justicia, pero a medias". José Miguel Serrano, quien ha valorado de forma positiva el fallo, si bien no está del todo satisfecho dado que no se ha entrado en el fondo del asunto. Su cliente se enfrentaba a once años de prisión por una ristra de delitos de los que ahora ha sido exonerados.
"Joaquín respira tranquilo, pero le queda una espirita clavada. Hubiera preferido que el tribunal entrara en el fondo del asunto y que se hubiera demostrado inocencia", ha aseverado.
SABANÉS INSTA A EXIGIR RESPONSABILIDADES PORQUE "SE HABÍAN PRODUCIDO IRREGULARIDADES"
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha instado como Administración a "exigir responsabilidades si las hay" y "garantizar la total limpieza y ordenación" de las licencias una vez que ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a todos los procesados del juicio por el 'caso Guateque'. Sin entrar a hacer una valoración judicial, Sabanés ha declarado tras presentar las medidas medioambientales de cara al WorldPride que lo que tiene que quedar claro es que "se habían producido irregularidades" en un asunto vital como la concesión de licencias.
