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La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, han acordado impulsar medidas para sacar adelante el macrocomplejo de ocio que crearía 200.000 empleos en la región y sería "un rayo de luz en la opacidad" de la crisis. Así lo han decidido la presidenta y la alcaldesa en el primer encuentro oficial que celebran ambas para debatir cuestiones comunes de la Comunidad y del Ayuntamiento desde que Botella tomara posesión de la alcaldía de la ciudad, el pasado 27 de diciembre.

En la reunión, que ha durado una hora y ha continuado en un almuerzo posterior, Aguirre y Botella han decidido aunar posiciones para que la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno central y el grupo inversor estadounidense interesado en desarrollar el megacomplejo de ocio en Madrid ejecuten este proyecto, ya sea en Madrid capital o en Alcorcón, y siempre actuando dentro de la legalidad.

Se trataría, ha explicado la presidenta, de dar facilidades al grupo inversor norteamericano para que sean ellos quienes digan "cómo les gustaría" que se llevara a cabo el complejo, "sin ponerles dificultades", e incluso "cambiando la normativa que haya que cambiar, siempre que esté de acuerdo con nuestros principios", ha indicado Aguirre.

EVITAR DUPLICIDADES

Además la presidenta y la alcaldesa han decidido colaborar para que las Administraciones que presiden sean "lo más eficaces y lo más baratas posibles" para los ciudadanos, para lo cual han acordado evitar duplicidades y repartir competencias en asuntos como la sanidad o los servicios sociales y culturales.

En esta línea de actuación el SAMUR (el servicio saniatario de urgencias de la Capital) será el único servicio de atención a emergencias sanitarias en la ciudad de Madrid mientras que el SUMMA (el servicio respectivo de la Comunidad de Madrid) atenderá en el resto de la región, según el acuerdo al que han llegado la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella.

Actualmente el servicio municipal atiende las emergencias en la calle y el regional, las que se producen dentro del domicilio, el objetivo es que el Samur se quede como único agente de emergencias en la capital y el SUMMA se ocupe del resto de la región.

Como contrapartida, el Consistorio traspasará al Gobierno regional los centros de salud, la antigua beneficencia, los equipos quirúrgicos, las casas de socorro y toda la red de atención a la drogodependencia, así como las cuatro residencias que actualmente tiene, mientras que los ocho centros de mayores de titularidad autonómica se convertirían en municipales.

Junto a estos temas, aún quedaría por perfilar qué pasa con otros servicios duplicados como las escuelas infantiles o las bibliotecas, así como con el turismo, que ha mencionado Aguirre para decir que si cada una de las administraciones tiene su órgano de promoción deberían "coordinarse y evitar duplicidades".

TRASPASO TAMBIEN DE FONDOS

Eso sí, todos estos posibles traspasos de servicios entre ambas administraciones deberán ir acompañados de fondos, tal y como ha dejado claro la presidenta autonómica, que ha dicho que "la administración que pase a tener un servicio que hasta ese momento llevaba otra recibirá el dinero que gastaba la otra administración hasta ese momento, ni un euro más ni un euro menos".

En cualquier caso, Comunidad y Ayuntamiento no han concluido aún sus rondas de negociaciones, y también están a la espera de que el próximo miércoles el Grupo Parlamentario Popular presente en la Asamblea de Madrid su propuesta de dictamen de la comisión de duplicidades que se ha desarrollado durante los últimos meses en el Parlamento autonómico. "Cuando el Ayuntamiento tenga ese informe, tanto la presidenta como yo estamos dispuestas a impulsar políticamente esas competencias que, por legislación, están atribuida a una u otra administración", ha subrayado Botella.

Y todo ello con el objetivo último de "hacer una distribución que suponga menos gasto para las dos administraciones" y de conseguir "más eficacia y menos gasto". "Esta es una primera aproximación, pero quedan muchas cosas. Esperaremos a ese informe del miércoles y seguiremos trabajando para ser lo más eficaces posibles y lo más baratos posibles", ha apostillado la primera edil. "Vamos a facilitar al ciudadano saber quién es el responsable de qué", ha zanjado Aguirre.

LIBERALIZACION DE HORARIOS Y AYUDA A EMPRENDEDORES

Asimismo, han apostado por la liberación de horarios comerciales, por la ayuda a los emprendedores mediante la eliminación de trabas burocráticas que faciliten la apertura de nuevos negocios y por la puesta en marcha de "un acuerdo social" entre los tres ayuntamientos afectados por la Cañada Real que haga que "en un año y pico" se haya reformado el Plan General en este ámbito, según ha dicho Botella.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado su deseo de liberalizar los horarios de actividad de cualquier actividad empresarial que se desarrolle en la capital, y no solo de comercios y hostelería, según ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con Esperanza Aguirre.

"La Comunidad de Madrid y su presidenta han hecho una Ley de Comercio Minorista y, desde el Ayuntamiento, queremos ampliarlo no sólo a los pequeños comercios sino a todas las licencias de actividad que supongan una ayuda al emprendedor", ha explicado, poniendo como ejemplo de futuros sujetos de esta liberalización las "oficinas o la hostelería".

Según la primera edil, una medida de este tipo supondría una "ayuda a los emprendedores" que quisieran iniciar un negocio en la capital, especialmente en la actual coyuntura económica. En esta línea, ha habido tiempo para tratar el tema de la eliminación de las barreras burocráticas que dificultan la apertura de nuevas iniciativas empresariales. "Nos vamos a poner de acuerdo para evitar esas barreras que hacen que los emprendedores tengan que esperar ocho meses a que se estudie la petición de la licencia que han hecho burócratas de ambas administraciones", ha afirmado Aguirre.

Así, ha indicado que las líneas de trabajo van en la vía de "pasar mucho más al modelo anglosajón" por el que "en vez de esperar, (los empresarios) abran y luego ya irá la inspección para ver si han cumplido con la ley o no".