El ex vicepresidente segundo y exconsejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional sobre los gastos supuestamente irregulares detectados en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) y ha asegurado que todas las cuentas están justificadas.
"Está todo justificado", ha respondido a los periodistas al término de su declaración al ser preguntado por los gastos injustificados que le atribuye el juez José de la Mata, a la luz de un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre el CJM.
Según el informe por el que el juez le ha llamado a declarar como investigado junto a tres técnicos, en el archivo de la empresa desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010 "no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados", mientras que de los otros ejercicios "es significativo el desorden en materia de facturación".
El informe de la Cámara de Cuentas revela también la utilización de una tarjeta de crédito Visa Platinum, con la que se hicieron desembolsos de "al menos" 15.647 euros, y el juez observa que falta "información y documentación básica de cobertura de los movimientos".
De los cuatro imputados citados este miércoles, uno de ellos, Isabelino Baños, que fue director técnico de CJM, se ha acogido a su derecho a no declarar porque la defensa no ha tenido acceso a toda la documentación que afecta a su cliente, por lo que ha pedido que se le cite más adelante, han informado a Efe fuentes jurídicas. Sobre él, el juez indica que fue quien recibió facturas y presupuestos que forman parte de los "gastos sin soporte contractual" como es el caso del presupuesto de 29.565 euros de Telson para el montaje del Museo de la Justicia junto a los juzgados de Plaza de Castilla.
La investigación
Según De la Mata, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, "la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo" y tilda de "verdadero caos" el archivo físico con la documentación económico-financiera de la sociedad.
Prada fue designado presidente del Consejo de Administración el 14 de enero de 2005 y sus "facultades de gestión se materializaron de manera efectiva en la suscripción de contratos", entre otros al policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo y tiene prohibido salir de España. También fue quien comunicó en 2005 a la Consejería de Economía la propuesta de aumento de capital social de CJM y participó en el otorgamiento de contratos a determinadas empresas sin que se constituyera la mesa de contratación. Además tuvo firma autorizada en las cuentas de CJM en Liberbank y Caixabank, teniendo con cargo a esta última una tarjeta visa Platinum que estuvo operativa de 2005 a 2008.
Se ha detectado además que la sociedad CJM pagó un Máster MBA por valor de 30.050 euros a un trabajador que había sido contratado como subdirector técnico, Mariano José Sanz Piñar, uno de los tres técnicos citados hoy por De la Mata como investigados. También existen documentos en los que Prada da instrucciones para hacer transferencias al Colegio de Arquitectos de Madrid, PWC o ABBA Publicidad y autorizaciones "para retirar fondos" a otro de los imputados, Alicio de Las Heras, ex director financiero.
El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las construcciones del Campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.
