La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que concluya la pieza número 3 del 'caso Lezo', relativa a la presunta adjudicación irregular del tren de Navalcarnero y proponga juzgar a seis personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid, mientras que adelanta que no ve indicios suficientes para acusar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.
Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de Cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero -que no llegó a culminarse- ya está concluida.
Por ello, interesa que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.
Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González -para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso 'Lezo'-; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.
Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.
OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
