Anulan todas las pruebas contra la red que explotaba a chinas de forma inhumana

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado pie a la previsible absolución de seis miembros de una red de proxenetas chinos que mantenía a sus víctimas en "condiciones infrahumanas" al anular las intervenciones telefónicas por vulneración del secreto de las comunicaciones y el resto de diligencias que tuvieron su inicio en las escuchas. En el banquillo de los acusados de la Sección Primera se han sentado seis ciudadanos chinos, dos de ellos mujeres, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (siete años a cada uno) y dos delitos de trata de seres humanos. El fiscal reclama una suma de 186 años de prisión, doce años de cárcel por cada uno de ellos.

En la fase de cuestiones previas, los tres abogados defensores han invocado ante el tribunal la vulneración del secreto de las comunicaciones al estimar que las intervenciones telefónicas se autorizaron sin indicios de criminalidad respecto a sus clientes. Además, han solicitado la nulidad del resto de pruebas derivadas de esas escuchas, como los registros, las vigilancias policiales e incluso la declaración de todos los testigos.

En su turno, el fiscal se ha opuesto a esta vulneración, alegando que la Policía solicitó esa diligencia tras hallar un anuncio en un periódico chino con tirada en España de un anuncio en el que ofrecían visados para traer gente Europa. "Había sospechar y la Policía quiere ir más alla", ha insistido la fiscal, quien se ha referido además a información de confidentes de la comunidad china.

Pese sus alegaciones, el presidente de la Sección Primera ha estimado la cuestión previa planteada por las defensas y ha anulado las escuchas telefónicas, nulidad que ha extendido al resto de pruebas. Así, ha dejado solo para el juicio el interrogatorio de los acusados. En su declaración, los seis procesados se han acogido a su derecho a no declarar. Tras ello, la fiscal ha mantenido su petición de pena y las defensas han solicitado una sentencia absolutoria ante la falta de pruebas.

ACUSACION FISCAL

Los seis miembros de la red de captación, que residían en Parla, contactaban telefónicamente con sus víctimas que, "debido a las dificultades económicas que atravesaban", deseaban residir y trabajar en España. Les ofrecían dos posibilidades para viajar hasta España. La primera, con un importe de 15.000 euros, consistía en desplazarse hasta Turquía con un visado de turista y de allí pasar clandestinamente a Grecia. La segunda era volar directamente a España o con escala en Italia por un importe de 18.000 euros. Una parte se abonaba a los acusados al subir al avión y el resto al llegar a su destino.

En el caso de las mujeres "a sabiendas de su precaria situación económica y de su necesidad ingente de trabajar" se les anticipaba el coste del viaje a cambio de que salaran su deuda en España mediante la prestación de servicios sexuales durante un año.

Se les informaba de que la prostitución era legal y de que podían obtener "pingües" beneficios sin tener que trabajar todos los días realizando acompañamientos y salidas con compatriotas de origen chino nunca mayores de 40 años a quienes recibían en un chalet de Parla. Por ejemplo, a una de sus víctimas le proporcionaron un pasaporte de nacionalidad china y un permiso de residencia italiano, así como el pasaje de avión a España.

La mujer llegó al aeropuerto Adolfo Suárez el 12 de noviembre de 2012 y uno de los acusados la llevó hasta el chalet de Parla, "sin documentación ni recursos económicos y con un total desconocimiento del idioma español, permaneció dedicada al ejercicio de la prostitución, por cuenta de los procesados, hasta el 18 de abril de 2013", fecha en que la Policía hizo un registro en la vivienda y la liberó.

Otra de sus víctimas había llegado a España el 18 de enero de 2013 y estuvo retenida en el chalet en contra de su voluntad hasta el día que fue liberada. Sus condiciones de trabajo distaban mucho de las que les habían ofrecido durante la conversación telefónica que habían mantenido desde China con los miembros de la red. "Debían atender en la casa a los clientes de la casa que lo solicitasen sin excusas ni descansos", dice la Fiscalía. Además, siempre bajo la supervisión de tres de los acusados, se aseguraban de que ambas mujeres cumpliesen las directrices sobre horarios y vestimentas llevando incluso un "registro" de los clientes que atendían, los días que trabajaban y el dinero que obtenían por sus servicios.

Su vida dentro de la casa se desarrollaba en habitaciones sin cierres ni ventilación, "ubicadas en el sótano y buhardilla", cuyas ventanas estaban tapadas con papeles y cartones y, además, carecían de aseso para hacer sus necesidades "para lo cual se le facilitaba bidones con agua". Esta situación hacer afirmar a la Fiscalía que las víctimas vivían en condiciones "infrahumanas". Los acusados tampoco permitían a sus dos víctimas salir solas a la calle. Siempre iban acompañadas a los karaokes a los que acudían para conseguir clientes o a los hoteles donde debían desplazarse para realizar servicios sexuales.