La Asamblea ha aprobado hoy la creación de la comisión para estudiar las duplicidades entre administraciones prometida por Esperanza Aguirre. El pleno de la Cámara la ha aprobado por unanimidad. Comenzará sus trabajos este mes de julio para estudiar qué servicios prestan por duplicado la Comunidad y los Ayuntamientos en la región, mejorando así la gestión y aclarando las competencias respectivas. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se ha mostrado confiada en que se alcancen acuerdos y confía en que antes de que finalice 2011 haya propuestas concretas para acabar con la duplicidad de competencias.
Esperanza Aguirre, ha asegurado que la crisis va a ofrecer la oportunidad de que las administraciones públicas estudien qué servicios ofrecen a los ciudadanos por duplicado, y mejorar así la eficacia en la gestión y la reducción del gasto. Aguirre ha recordado que fue una de sus promesas electorales.
La presidenta regional ha remarcado que en tiempo de crisis los ciudadanos no entienden que, por ejemplo, exista un concejal, un consejero y un ministro de Sanidad, de Educación o de Transportes, y ha instado a las administraciones públicas a ponerse de acuerdo sobre quién debe prestar determinados servicios. "Ha sucedido en época de bonanza, pero las crisis también son oportunidades para ajustarnos a lo que se necesita", ha insistido.
Como ejemplo, ha mencionado la Justicia, un servicio que al ser asumido por la Comunidad de Madrid ha hecho multiplicar por cinco el presupuesto en esta materia, de 73 a 340 millones de euros, "y no parece haberse multiplicado por cinco la eficacia, ni siquiera se ha duplicado", ha lamentado.
La presidenta regional no ha querido opinar sobre las decisiones de otros Gobiernos autonómicos como el catalán, que ha pedido a sus funcionarios "sacrificios" y trabajar más por un poco menos. "Cada administración tiene que poder hacer aquello que considere mejor", ha defendido, antes de asegurar que su Gobierno, por ejemplo, estudia la aplicación del catálogo gallego del medicamento para ahorrar en gasto farmacéutico.
Sí se ha mostrado partidaria de cerrar todas aquellas empresas públicas que se pueda, para ajustar el gasto a lo que sea imprescindible, aunque ha insistido en que eso no repercutirá en la "máxima calidad" de los servicios públicos que presta la Comunidad, como la educación, la sanidad, los transportes o los servicios sociales.
Aguirre ha confiado en que las conclusiones a las que llegue la comisión creada hoy estén listas antes de que concluya 2011, después de que en ella comparezcan alcaldes y expertos en esta materia.
LA OPOSICION SOSPECHA QUE PUEDE HABER RECORTES
Pese a aprobarse por unanimidad la creación de la comisión, la oposición no oculta sus sospechas. Tomás Gómez, portavoz de los socialistas, ha advertido al PP de que este grupo de trabajo "no puede ser la excusa para que se produzcan recortes en los servicios a los ciudadanos", y ha dicho estar seguro de que la estrategia de los populares consiste en "echar basura, desprestigiar y pintar una situación caótica en los Ayuntamientos para recortarles competencias".
El diputado socialista Enrique Cascallana ha exigido durante el pleno que no se culpe a los ayuntamientos del "despilfarro económico" que producen las duplicidades, porque los consistorios "no asumen ninguna competencia" si no es por "dejación de la Comunidad". "La comisión no está para acusar a los ayuntamientos, y menos para servir de coartada para quitar servicios públicos con motivo de la crisis", ha insistido Cascallana.
En la misma línea, el portavoz de IU, Gregorio Gordo, ha reconocido ser "escéptico" con la comisión, y ha dicho tener la sensación de que el dictamen de conclusiones "está ya redactado", y que "sencillamente se pretende justificar más recortes sociales y de servicios". La diputada de IU Eulalia Vaquero ha sostenido durante su intervención en el pleno que no es lógico quedarse sólo en el análisis de la duplicidad de competencias entre la Comunidad y los ayuntamientos, y ha opinado que si se pretende que sirva para algo hay que abordar cuestiones como la financiación local.
Ramón Marcos, portavoz de UPyD, ha convenido que el problema de duplicidades "transciende Madrid", y exige una reforma de la Constitución para clarificar las competencias que le corresponden al Estado, a las autonomías y a los consistorios.
Como ejemplo, ha criticado que haya un Tribunal de Defensa de la Competencia en Madrid -que genera un gasto de 200.000 euros por cada informe que emite, según ha dicho- cuando a la vez existe una Comisión Nacional de la Competencia.
Desde el PP, su portavoz en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido que la comisión no sea mixta (con representantes de la Comunidad y los ayuntamientos) sino parlamentaria, alegando que eso le dota de más agilidad y operatividad, y permitirá emitir un dictamen en el menor tiempo posible.
"No podemos estar toda la legislatura dando vueltas a un tema tan importante" como es la duplicidad de competencias, ha justificado.
El portavoz del PP ha resaltado que España necesita "con urgencia" un cambio en el modelo constitucional y "restaurar los grandes consensos" también en materia de competencias para reducir la burocracia.
"Es necesarios delimitar de una vez por todas las competencias, y devolver al Estado algunas materias para que determinados servicios funcionen mejor", ha dicho, antes de advertir de que si no se recupera ese consenso, España corre peligro de convertirse en la decimoctava comunidad autónoma.
