La comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid prevé citar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de aquí al verano pero todavía no ha concretado fecha, ya que antes tiene intención de acabar con las sesiones dedicadas al caso del campo de golf del Canal de Isabel II.
La Mesa de la Asamblea dio este lunes el visto bueno a la petición de comparecencia de Cristina Cifuentes, así como a la de sus antecesores en el cargo Esperanza Aguirre e Ignacio González y a la del exconsejero Francisco Granados.
El grupo parlamentario socialista solicitó estas comparecencias tras las declaraciones de Granados ante el juez del caso Púnica, en las que afirmó que Cifuentes formaba parte del círculo de poder de González y que conocía la financiación supuestamente irregular de las campañas electorales de las autonómicas de 2007 y 2011. En concreto, los socialistas pedían explicaciones sobre la gestión de empresas de la Comunidad de Madrid como Arpegio, ICM (Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid) y el Canal de Isabel II "en base a estas declaraciones".
En su reunión de este miércoles, la Mesa y Portavoces de la comisión no ha puesto fecha a las comparecencias de Cifuentes, Aguirre, González y Granados a la espera de acabar antes con las sesiones dedicadas al campo de golf del Canal de Isabel II, aunque prevé que tengan lugar antes del verano. "Es necesario continuar con el tema del campo de golf para aclarar lo ocurrido", ha declarado a los medios el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra. Con todo, ha señalado que la comparecencia de Cifuentes y "del resto de dirigentes del PP que se han visto salpicados por la posible financiación irregular" tendrán lugar "más adelante". "No tendremos ningún problema en llamarlos a comparecer y que nos expliquen, si es que pueden, cómo se financió el PP", ha añadido.
El portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha indicado que prevén citar a Cifuentes "antes del verano", en abril o en junio. "Hay tres o cuatro personas en la Comunidad de Madrid que salen en la declaración de Granados que han sido el perejil de todas las salsas", ha manifestado.
Por su parte, la portavoz del PSOE-M en la comisión, Encarnación Moya, ha confirmado que "traerán" a Cifuentes aunque en su opinión "la fecha no importa". "A lo mejor es que para Cifuentes es más cómodo un plató de televisión, que me parece maravilloso, pero ésta es la casa de todos los madrileños y Cifuentes debe venir con toda tranquilidad a contarnos lo que conoce", ha comentado.
Para la próxima sesión de la comisión, el 9 de marzo, han acordado citar a comparecer a José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, y a su socio José Antonio Clemente, administrador de Tecnoconcret, la empresa a la que se adjudicó la explotación del campo de golf. También a Manuel Gámez y a Adrián Martín, ambos miembros de la mesa de contratación del Canal constituida en 2006 para informar igualmente sobre el contrato para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas situadas en el tercer depósito de la empresa pública madrileña, en el distrito de Chamberí.
Para la siguiente sesión, el 23 de marzo, la Mesa y Portavoces de la comisión (donde ya no está el PP) podría citar a comparecer entre otros por el caso del campo de golf a los expresidentes Aguirre y González, aunque está por determinar.
El campo de golf, cuyo desmontaje ha comenzado un año después de que la Justicia ordenara su cierre, fue construido en 2007 durante el Gobierno de Aguirre.
El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados pudieron obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del Canal Golf. Además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano Pablo, "para lograr que el contrato" recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas "perjudiciales" para la Comunidad de Madrid.
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DA DIEZ DÍAS A LA COMUNIDAD PARA QUE EXPLIQUE POR QUÉ NO FACILITÓ EL EXPEDIENTE CON LAS ACTAS DEL CANAL
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concedido diez días al Gobierno regional para que explique las razones por las que no facilitó a la oposición de la Asamblea de Madrid documentación relacionada con el caso Lezo, como algunas actas del Canal de Isabel II. El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid recurrió el pasado mes de noviembre ante la Justicia la "negativa" del Gobierno de Cristina Cifuentes a proporcionar esta información, según ha recordado la formación en una nota de prensa.
En una diligencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fechada el pasado 14 de febrero a la que ha tenido acceso Efe, un letrado da un plazo de diez días a la Comunidad para remitir un expediente administrativo con las razones por las que no facilitó esta documentación a la oposición.
El plazo empieza a contar desde la entrada en el registro de la Comunidad de Madrid de la diligencia.
Fuentes del Gobierno regional han explicado a Efe que aún no han recibido la notificación, pero han apuntado que ya están completando el expediente "para mandar la información completa".
"Cristina Cifuentes miente. No hace falta que se pronuncien los tribunales para darnos la información que es legítimamente nuestra", ha dicho el diputado de Podemos, Miguel Ongil.
En opinión de Podemos, la "negativa" del PP a facilitar la documentación busca "ocultar datos que aportaran nuevas pruebas" en el caso Lezo.
El pasado mes de enero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dictó un auto en el que determina que "no ha lugar la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid" relativa al caso Lezo por estar en fase de instrucción.
Esta resolución judicial se produjo después de que el juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto de 2017 una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión.
