El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy una ley que pide modificar la norma de régimen electoral general para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, también las de tipo intelectual.
La propuesta del grupo parlamentario socialista, que ya se aprobó en la comisión de Estatuto de Autonomía con el apoyo también de Podemos y Ciudadanos, ha salido adelante por unanimidad, por lo que la Asamblea de Madrid se convertirá en el primer parlamento regional que pedirá la modificación de una ley orgánica.
El texto de esta proposición de ley señala que la regulación del derecho de sufragio vigente en España "choca" con el principio de igualdad consagrado en la Constitución, ya que carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme.
Tampoco pueden votar según la Ley de régimen electoral general los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento "siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio", como en el caso anterior.
En la proposición, el PSOE-M plantea la eliminación de esta parte del articulado y sugiere la incorporación de un nuevo artículo para que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley", algo en lo que no estaba conforme el PP.
LA PROPUESTA SE LLEVARÁ AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Esta iniciativa llegará al Congreso de los Diputados de la mano de los diputados Alfonso Serrano (PP), Beatriz Galiana (Podemos) y Mónica Silvana González (PSOE-M), que han sido los representantes regionales elegidos por votación en urna hoy por la Cámara regional para defender la ley. "No engañemos a la gente", ha dicho Serrano, quien ha afirmado que las personas con discapacidad pueden votar como el resto de ciudadanos. En esta línea, ha comentado que es "insostenible" generalizar los casos en los que ha sido restringido el derecho a sufragio mediante a sentencia judicial.
Desde el PP comparten "el fondo" de esta norma, pero consideran que "era manifiestamente mejorable", y por ello, mantuvieron sus enmiendas en las que pedían mayores garantías jurídicas y que la ley no tuviera carácter retroactivo, es decir, que no se anulasen las sentencias judiciales anteriores a su entrada en vigor.
La diputada socialista Mónica Silvana González ha destacado el "paso" que se da hacia un derecho de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, pero ha añadido que el camino terminará cuando el Congreso apruebe la modificación de la ley. Silvana González ha recalcado que, desde la entrada de España en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad hace ocho años, han pasado doce procesos electorales en los que más de 100.000 personas no han podido participar por ser declaradas "incapaces". "Nuestra intención es que esta iniciativa se debata y se apruebe en la comisión de políticas de discapacidad que tiene rango legislativo en el Congreso", ha subrayado.
El diputado de Ciudadanos Tomás Marcos ha señalado que hay personas que no han podido ejercer el derecho activo a voto por estar "incapacitados" por una visión en la normativa vigente, y ni PP ni PSOE pidieron "en ningún momento" instar a la reforma de la ley de régimen electoral general.
Por su parte, la diputada de Podemos Beatriz Galiana ha indicado que esta ley es "de justicia" para las personas con discapacidad, quienes "estaban privadas" de ese derecho.En este sentido, ha explicado que los jueces mantenían un "prejuicio" con estas personas, porque les exigían un "requisito previo" que no se pide a un ciudadano, como por qué vota, si ha comprendido el programa electoral y las consecuencias de su voto. "Era un requisito injusto y discriminatorio", ha comentado.
