Aumentan un 10,2% las denuncias por violencia de género en la Comunidad de Madrid

Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid recibieron durante el segundo trimestre de 2024 un 10,2 % más denuncias por violencia de género que en el mismo trimestre del año anterior, si bien el número de mujeres víctimas disminuyó en el mismo periodo un 1,2 por ciento.

Así lo recoge el 'Informe trimestral sobre Violencia de Género' dado a conocer este miércoles por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, que ha detallado que entre abril y junio de 2024 hubo en la Comunidad de Madrid un total de 7.128 mujeres víctimas de violencia de género y se presentaron 8.045 denuncias.

El estudio muestra también un aumento interanual del 11,44% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; mientras que en el caso de las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 1.720 -un 73,6% con fallo condenatorio para el agresor-.

Además, un trimestre más, el informe refleja que algo más de la mitad de las víctimas (el 53,1%) tenían nacionalidad española, mientras que el 46,9 % restante procedían de otros países.

En cuanto a la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, esta disminuyó en relación con la del segundo trimestre de 2023 al situarse la media nacional en 18,5 frente a la media de hace un año (19,2).

Con respecto a los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado: una vez más, en casi tres de cada cuatro casos (6.379, el 79,29%), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (103), que apenas alcanzaron el 1,28% del total.

Las denuncias por intervención directa de la policía fueron 924 y las derivadas de partes de lesiones, 301, que representaron el 11,48 y el 3,74 por ciento, respectivamente; mientras que las presentadas por terceras personas (338) representaron el 4,2 por ciento del total.

El informe también refleja un importante aumento del número de mujeres que renuncia a declarar contra su agresor en la región de Madrid, al situarse en 1.298 casos, frente a los 657 de hace un año, lo que supone un 97,6 por ciento más que en el periodo de referencia.

Este aumento rompe la tendencia descendente que empezó a apreciarse en el año 2021, cuando el número de casos fue un 15,93 por ciento menor al de 2020, y en 2022, con un 11,7 por ciento también de menos casos que en 2021.

En el trimestre analizado, de las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor, 659 (el 50,8 %) eran españolas y 639 (el 49,2 por ciento) tenían otras nacionalidades.

Por otro lado, entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.724 órdenes de protección, un 7,1 % más que hace un año, de las cuales 1.569 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 155 por los juzgados en funciones de guardia.

Los órganos judiciales madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.475 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores).

Las medidas de este tipo más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (622), que representaron el 42 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (618), un 41,89 por ciento del total.

Por último, el informe detalla que los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial) dictaron durante el segundo trimestre del año un total de 1.720 sentencias, de las que 1.266 (73,6 %) contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Por su parte, los Juzgados de Menores de la región dictaron ocho sentencias en procedimientos por violencia de género: siete con imposición de medidas y una sin imposición de medidas. De los ocho menores enjuiciados por este tipo de delitos, cinco eran españoles y tres tenían otras nacionalidades.