El Ayuntamiento de Madrid primará las "dinámicas de cooperación", las iniciativas de gestión colectiva --como las de Montamarta, Seco, El Campo de la Cebada o Tabacalera-- en la cesión de espacios municipales mientras estudia el pago de suministros a las asociaciones buscando la "uniformidad" en este proceso, en el que hasta el momento se dan casos en los que el Consistorio ha abonado los costes, en otros en los que se ha recurrido a las subvenciones y un último escenario en el que son las asociaciones las que corren con los gastos de suministros. Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, que ha indicado que trabajan en la redacción de un marco que regule estas cesiones con "rigor, criterios objetivos y con todas las garantías legales" para asegurar la igualdad y la transparencia.
Al ser preguntado por el Patio Maravillas y su interés por un palacio en la calle Alberto Aguilera, Murgui ha contestado que las asociaciones están "legitimadas para reivindicar y hacer públicas sus aspiraciones" pero otra cosa es que la respuesta del Ayuntamiento deba girar en torno a las necesidades por áreas y juntas de distrito.
Serán las juntas municipales las que determinen, junto con las áreas de gobierno, qué espacios están disponibles. "Ningún palacio o edificio está definido de momento para este fin", ha asegurado el edil. Ahora Madrid es consciente de la "limitada" disponibilidad de espacios municipales, algo que se hará más patente cuando las unidades administrativas de las áreas de gobierno que en la actualidad ocupan inmuebles arrendados se reubiquen en espacios municipales para contener el gasto y optimizar los recursos públicos, ha apostillado el concejal.
En los próximos meses se realizará un inventario de los espacios municipales vacíos o infrautilizados para evaluar su grado de disponibilidad. Las entidades demandantes de espacios deberán dirigir su petición a sus respectivas Juntas Municipales o al área de Coordinación Territorial y Asociaciones, que son las que aplicarán los procesos de cesión según los criterios recogidos en el marco regulador. Se hará dando "prioridad a la lógica de cooperación", han señalado desde el Ayuntamiento.
EXPERIENCIAS QUE YA EXISTEN
Ya existen en Madrid iniciativas de gestión colectiva de espacios públicos, como el Espacio Vecinal Montamarta (San Blas), el Centro Social Seco (Retiro), El Campo de La Cebada (Centro), el Centro Sociocomunitario Mariano Muñoz, la Escuela Popular de Adultos de Prosperidad o La Tabacalera.
Murgui ha recordado que desde hace años el Ayuntamiento de Madrid, al igual que otras administraciones públicas, cede espacios públicos a entidades culturales, vecinales, juveniles, deportivas o sociales, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Cruz Roja o Caritas. Ya han solicitado espacios al Consistorio desde la FAPA Giner de los Ríos hasta Psicólogos sin Fronteras.
Los convenios de cesión han sido propuestos bajo distintas fórmulas, criterios y condiciones, dando lugar a un conjunto "inconexo" e incoherente y a un "trato diferenciador" a las entidades que componen el tejido asociativo de la ciudad.
CALENDARIO
La regulación estará lista a finales de noviembre. Se determinará entonces los tipos de espacios que se ceden, la Administración que hace la cesión, a quién -tendrán que ser entidades legalmente constituidas sin ánimo de lucro, cuya labor revierta en beneficio de la comunidad--, así como la tramitación de las solicitudes, los compromisos de las partes, las normas generales de uso y las causas de extinción de la cesión.
El marco regulador se elaborará en el Consejo Coordinador de Distritos, labor que ya está en marcha con la creación de un grupo de trabajo. Dada la novedad de la iniciativa y, a fin de incorporar las mejoras necesarias, esta regulación será evaluada cada seis meses. Tras introducir las correcciones oportunas, se aprobará definitivamente al cabo de dos años.
El calendario que maneja el concejal señala que el 6 de noviembre su área presentará el borrador del marco regulador tras recabar los necesarios informes jurídicos y económicos para, el 20 de noviembre, ser aprobado por el Consejo Coordinador de Distritos. A finales de ese mes se dará luz verde por parte de la Junta de Gobierno.
En junio de 2016 se hará la primera evaluación en colaboración con una comisión integrada por las entidades cesionarias y en diciembre de ese año una segunda. En 2017 se aprobará el marco definitivo y en junio de ese año tendrá lugar una tercera evaluación, con la consiguiente aprobada por parte de la Junta de Gobierno del texto definitivo.
