El Ayuntamiento levanta 5 asentamientos de personas que viven en la calle

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en el desmantelamiento de 5 asentamientos de personas que viven de forma ilegal en las calles de la capital, concretamente en el Faro de Moncloa, la calle Virgen de la Alegría, la calle Oca, un campo de minigolf de Arganzuela y la calle López de Hoyos.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha asegurado en la comisión del ramo que el Samur Social y agentes de la Policía Municipal vestidos de paisano trabajan para "desmantelar" las instalaciones en las que estas personas se han asentado en la calle.

La última intervención en cada asentamiento tendrá lugar entre los días 28 de junio y 1 de julio, y el Ayuntamiento espera dar una respuesta y una salida a todas las personas que residían en esas zonas.

Marta Higueras también ha informado en la comisión de que en la zona chabolista del Gallinero el Ayuntamiento ha terminado con las labores de limpieza, ha reparado una fuente de la que no cesaba de emanar agua, y está pendiente de mejorar los caminos sin asfaltar de la zona. Debido a las detenciones que se han producido en las últimas semanas, allí residen ahora menos personas de lo habitual.

La delegada ha dicho que el Ayuntamiento trabaja para abordar el problema de los residentes en esta zona de chabolas que el equipo de Ahora Madrid no tiene claro si desmantelar. "Estamos estudiando qué hacer", ha comentado Higueras.

El pasado 4 de mayo, el pleno aprobó con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos destinar más recursos y elaborar un "plan de realojo" de las personas que "malviven" en asentamientos ilegales en plazas, puentes y parques, en su mayoría rumanas de etnia gitana.

La propuesta se aprobó en un pleno extraordinario solicitado por el PP para pedir medidas contra los espacios "que brotan en toda la ciudad" donde familias de etnia gitana "guisan, comen, duermen y malviven en una situación de extrema pobreza" y generan la "insalubridad" de la que se quejan los vecinos, según denunció entonces la concejal popular Beatriz Elorriaga.