El Ayuntamiento de Madrid llevará a la Fiscalía un informe con el "perjuicio patrimonial" de 11 millones de euros, de "difícil explicación", causado en Mercamadrid, han informado este miércoles en los pasillos del Palacio de Cibeles la presidenta de la sociedad, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Empleo, Carlos Sánchez Mato, a raíz de una información avanzada en El País.
"Ese informe existe y revela un perjuicio patrimonial de difícil explicación", ha señalado la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. La competencia sobre si es delito o no lo contenido en el informe, ha añadido, no corresponde al Ayuntamiento sino a los tribunales.
El pasado verano el Gobierno municipal abrió una investigación por "indicios de claras irregularidades" en un "contrato blindado" entre Mercamadrid -participada en un 51 por ciento por el Ayuntamiento y la sociedad Merca Ocio, que pudo suponer un daño patrimonial equivalente al 10 por ciento de los beneficios anuales de la empresa pública.
Los hechos arrancaron en julio de 2001, cuando Mercamadrid abrió un concurso por el que se ponía a disposición de empresas privadas la posibilidad de conseguir derechos de superficie para construir y explotar un hotel y un área de restauración.
La empresa Konin 22, perteneciente al grupo hotelero NH, se hizo con el concurso traspasando los derechos a la empresa Merca Ocio 22, que accedió a la posibilidad de construir a cambio del pago de un canon mensual, algo que hicieron hasta marzo de 2010.
Entonces se abrió un litigio por dos frentes, por parte de Mercamadrid, reclamando las cantidades impagadas, y por la concesionaria, que exigía 8 millones de euros "por el aparente incumplimiento de contrato" dado que alegaban que el Ayuntamiento no había concedido las correspondientes licencias.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, les ha acusado este verano de mentir facilitando una documentación, que se colgó en la web municipal, con todas las licencias otorgadas.
Los pleitos acabaron en un acuerdo extrajudicial en noviembre de 2013, de modo que Mercamadrid renunciaba a las cantidades exigidas por los impagos del canon y Merca Ocio hacía lo mismo con la reclamación de daños, además de conseguir la formalización de un contrato de arrendamiento sobre las naves objeto de la explotación de la restauración.
