La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves que Madrid avanzará "hacia una flexibilización normativa en materia de suelo". "Vamos a reducir cargas burocráticas y lo haremos durante los primeros seis meses del año que viene", ha comentado.
Ayuso ha avanzado que el Gobierno regional reformará hasta 16 leyes autonómicas en materia de biodiversidad y desarrollo territorial para impulsar una economía verde. Estas reformas legislativas pretenden instaurar un marco normativo más flexible e incluye 30 medidas de simplificación y reducción de cargas administrativas para favorecer el dinamismo empresarial y las iniciativas emprendedoras orientadas a configurar una región sostenible, según ha explicado.
Este paquete de reformas servirá, a su juicio, "para reactivar la actividad económica y atraer la inversión nacional e internacional con el objetivo de ir recuperando el tejido productivo que ha sido dañado tras la pandemia".
Asimismo, con estas reformas el Gobierno regional pretende acercarse "cada vez más a los ciudadanos" al configurar una institución pública "más ágil, eficaz y competitiva", así como eliminar trámites e informes "innecesarios".
El Ejecutivo madrileño aborda esta reforma del marco normativo a nivel medioambiental y territorial para permitir desarrollar con éxito a las empresas proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation, modificando, entre otras, la Ley de Suelo o la Ley de Evaluación Ambiental o poniendo en marcha la nueva Ley de Economía Circular.
Esta medida, considera que tendrá un impacto "positivo" en el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, favoreciendo la creación de empleo y reduciendo los efectos derivados del contexto actual de pandemia por el Covid-19.
30 medidas
Este paquete de reformas legislativas incluye 30 medidas dirigidas a la racionalización y simplificación administrativa. Once de ellas irán encaminadas a la simplificación de los procedimientos de tramitación de licencias, autorizaciones, instrumentos de planeamiento o evaluaciones ambientales para reducción de plazos de tramitación y cargas administrativas o económicas de los ciudadanos. Otras diez medidas irán a la actualización y adaptación de normativa obsoleta para mejorar la tramitación administrativa y dotar de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Un bloque de siete medidas estará enfocado a incentivar el uso del suelo vacante y la recuperación económica, por ejemplo, para promover los usos de estos suelos de redes públicas para viviendas públicas.
Por último, se impulsarán otras dos para fomentar la colaboración público privada y, por ejemplo, desarrollar la regulación de las entidades colaboradoras para que puedan ejercer funciones públicas urbanísticas como el control de las licencias o el posterior de las declaraciones responsables.
Las leyes incluidas son la de Economía Circular (Nueva), Ley del Suelo, Ley de medidas de política territorial, suelo y urbanismo, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, de medidas fiscales, administrativas, reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua de la Comunidad, ley forestal y de protección de la naturaleza.
También, las leyes reguladoras de los Parques Regionales, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva, vías pecuarias, refundido de la ley de tasas y precios públicos y la Ley por la que se establece el régimen jurídico de las ayudas financiadas por el FEOGA.
