Ayuso crea una aceleradora de inversiones para reducir los plazos de grandes proyectos empresariales

La Comunidad de Madrid estrena este mes de marzo la Aceleradora de inversiones, un organismo público para reducir al máximo legal los plazos para tramitar propuestas empresariales de "alto impacto" con el fin de atraer inversiones y empleo a Madrid.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el decreto para su puesta en marcha, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), han avanzado fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Javier Fernández-Lasquetty.

Con el fin de facilitar la llegada de "grandes proyectos" a la región y agilizar el inicio de sus actividades, esta herramienta coordinará la acción del Gobierno autonómico y estará integrada por las diferentes consejerías y entidades locales con competencias en la materia, sin que suponga costa alguno para las arcas públicas.

Así, las inversiones que supongan la generación de más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros, se considerarán prioritarias y se reducirá de forma sustancial los plazos de tramitación ordinarios para que puedan comenzar sus actividades lo antes posible.

La Aceleradora de inversiones, organismo público dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, también tendrá en cuenta otros aspectos de los solicitantes como la apuesta en I+D+i, la calidad de los puestos de trabajo o el impacto en la cadena de valor.

Las solicitudes de la Aceleradora de inversiones serán atendidas en menos de 30 días, y, en caso de ser calificadas favorablemente, su tramitación irá por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos al máximo legal posible.

Dichas solicitudes podrán también presentarse en inglés para su tramitación con el fin de aminorar los plazos correspondientes.

Este organismo público también realizará el seguimiento del estado de tramitación de dichos proyectos ante los órganos competentes de las administraciones públicas para facilitar la coordinación entre las implicadas.Entre sus funciones, también está detectar barreras regulatorias y proponer propuestas encaminadas para su reducción o eliminación, cuando sea posible.

El Gobierno regional destaca su liderazgo en la creación de nuevas empresas, 22.834 en el año 2022, el 23 por ciento del total en España; y también en la atracción de inversión extranjera, que en los primeros nueve meses de 2022 se tradujo en 14.533,96 millones, el 64,7 por ciento del conjunto de España