El exbanquero Miguel Blesa, hallado muerto este miércoles con un disparo en el pecho en una finca de Córdoba, acumulaba después de dejar la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 varios frentes judiciales, alguno de los cuales le costó incluso el ingreso en prisión. Blesa, que el próximo 8 de agosto hubiera cumplido 70 años, fue condenado el pasado 23 de febrero a seis años de prisión por apropiación indebida del patrimonio de Caja Madrid por gastar 436.688 euros con tarjetas opacas de la entidad; junto a él fueron condenados los otros 64 usuarios de las visas, entre ellos su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato.
El exbanquero recurrió el fallo alegando que la obtención de los datos no contó con la pertinente autorización judicial, ya que se accedió sin su consentimiento a una información de Caja Madrid que fue posteriormente manipulada por los servicios de Bankia.
La Audiencia Nacional quería investigar también si cometió un delito fiscal a través de la empresa Danforth Investments, con sede en Islas Vírgenes Británicas, de la que fue apoderado antes de llegar a la entidad financiera. Asimismo, estaba pendiente la apertura de juicio oral contra él y el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj por un delito de administración desleal continuada en relación con sobresueldos en la entidad, delitos por los que el fiscal solicitaba cuatro años de prisión.
En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2007 y 2010, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Blesa como presidente.
Blesa y el resto del comité de dirección de Caja Madrid habrían percibido entre 2008 y 2010 un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas que repercutieron en la caja cuando eran computables a los directivos, e indemnizaciones por despido.
Asimismo, y de forma paralela a la instrucción del caso Bankia, en el que Blesa no estaba incluido, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reactivaba la pieza separada que investiga a la excúpula de Caja Madrid por las preferentes. Las pesquisas, iniciadas en 2013, se dirigen contra la antigua cúpula de Caja Madrid, para esclarecer "si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera" el deterioro patrimonial de Bankia, las cajas "utilizaron la emisión de deuda subordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia".
Anteriormente, en julio del año pasado, la Audiencia Nacional rechazó investigar la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas por parte de Caja Madrid entre 2003 y 2009, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, al admitir un recurso presentado por el exdirector general de entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Blesa, Barcoj y otros directivos de la entidad financiera estaban acusados de permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad mediante una práctica sistemática apoyada en la tasadora del grupo, que valoraba los inmuebles hipotecados por encima de su precio, aunque el procedimiento fue archivado.
Meses después, en octubre de 2016, se disipó otro de los frentes que tenía abiertos, la compra del City National Bank of Florida, por la que el exbanquero llegó a ingresar en prisión en dos ocasiones durante unos pocos días, en mayo y junio de 2013, que también fue archivada.
Con Blesa como presidente, Caja Madrid anunció en 2008 la compra del 83 % del City por 927 millones de dólares, posteriormente acudió a una ampliación de capital en la que puso 100 millones de dólares y finalmente se hizo con el 100 % de la entidad tras aportar otros 207 millones de dólares. En total Caja Madrid acabó pagando 1.234 millones de dólares por el banco estadounidense, unos 833 millones de euros.
Fuera del circuito judicial, Blesa se negó a declarar en febrero de este año ante la comisión de investigación de corrupción del Parlamento regional de Madrid para informar de la compra de los derechos del fútbol por Telemadrid para las temporadas 2009-2013. La comisión analizaba la compra de derechos de transmisión de los partidos del Atlético de Madrid y el Getafe por parte de Telemadrid referente a las temporadas 2009-2013, que ascendió a 300 millones de euros; para ello, se creó en 2007 la sociedad MDA (Madrid Deporte Audiovisual), participada por Telemadrid con un 49 % junto con Caja Madrid (47,5 %), el Atlético de Madrid (2,5 %) y el Getafe (1 %).
En su momento también tuvo que hacer frente a una demanda por la concesión supuestamente fraudulenta de un préstamo de 26,6 millones de euros al entonces presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán para su aerolínea, Air Comet, que también fue archivada.
