Hasta 14 horas diarias ejercían la prostitución en el polígono Marconi del barrio madrileño de Villaverde nueve rumanas que han sido liberadas por la Guardia Civil en un golpe a una red que explotaba a mujeres y dirigida por el sucesor de Ioan Clamparu "Cabeza de cerdo", un proxeneta ya fallecido.
Se trata de la operación Balaur, de la que hoy ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, llevada a cabo conjuntamente con la Policía Nacional de Ploiesti, Rumanía, que ha supuesto el desmantelamiento en el citado polígono industrial de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres de nacionalidad rumana.
En la operación han sido detenidas 11 personas (7 en España y 4 en Rumanía), se han realizado 13 registros domiciliarios (8 en Rumanía y 5 en Madrid) y se ha liberado a nueve mujeres de nacionalidad rumana que estaban siendo explotadas sexualmente en las calles de ese polígono.
La investigación se inició en septiembre del pasado año tras la denuncia de una víctima que informó a la Guardia Civil de la situación de esclavitud que estaba viviendo al ejercer la prostitución de manera forzada por su proxeneta.
DE NACIONALIDAD RUMANA
Meses antes, ese hombre, también de nacionalidad rumana, la había captado en su país mediante el método denominado Loverboy, que consiste en enamorar a la víctima y prometerle una vida mejor en España, ocultándole el verdadero motivo de la captación, que es la explotación sexual lejos de su hogar.
Desde el inicio de la investigación en cooperación con la Policía de Rumanía, Eurojust y Europol, se pudo determinar que el caso investigado no era aislado y que existían numerosas víctimas captadas por la misma organización. Cuando las mujeres ya se encontraban en España eran forzadas a ejercer la prostitución, con jornadas de más de 14 horas de trabajo.
Además, eran obligadas a vestir únicamente con ropa interior en pleno invierno y se calentaban con las hogueras que encendían en la calle para soportar las bajas temperaturas, surtidas con la leña que les facilitaba los controladores de la organización.
El líder de la red, considerado como el sucesor del conocido tratante de personas "Cabeza de Cerdo", igualmente de nacionalidad rumana, cobraba a través de los "loverboys" una tasa por el ejercicio de la prostitución en su zona.
Según el resultado de las pesquisas, la red introducía el beneficio obtenido por las mujeres en los circuitos legales a través de negocios de compraventa de vehículos de alta gama, con lo que dificultaban el rastro del dinero procedente de dichas actividades ilícitas.
La cooperación internacional ha sido imprescindible para la total desarticulación de la organización, de tal manera que fue necesario crear un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades judiciales competentes en España (el Juzgado de Instrucción número 34 y la Fiscalía de Madrid) y Rumanía.
Este equipo, con la participación y apoyo de Eurojust, ha investigado judicialmente a la estructura criminal asentada en ambos países. Igualmente se ha contado con la colaboración de Europol, que durante la investigación dio soporte al equipo investigador hispano-rumano y aportó inteligencia policial. En la fase de explotación de la operación, realizada simultáneamente en Rumanía y España, agentes de la Guardia Civil y de la Policía de ese país han estado presentes en ambos territorios.
Los agentes han detenido a integrantes de todos los escalones de la red, desde la captación o reclutamiento, a la célula encargada del transporte, los responsables de la explotación de las mujeres y los dedicados al blanqueo de los beneficios obtenidos por esa actividad delictiva.
En la operación, que continúa abierta, se ha intervenido numerosa documentación y anotaciones relacionadas con la explotación sexual de las mujeres, dinero en efectivo y 12 vehículos de alta gama que la organización tenía en su poder y que habían adquirido recientemente para el negocio de compraventa de vehículos.
La operación ha sido llevada a cabo por el grupo de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la participación de la Comandancia de Madrid del instituto armado y otras unidades, además de la colaboración de la Embajada rumana y la ONG APRAMP.
