El Campus de Justicia carecía de racionalidad económica, según la Cámara de Cuentas

El estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", según un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas conocido hoy. El informe del órgano fiscalizador madrileño, aprobado por acuerdo ayer, se refiere a los ejercicios entre los años 2005 y 2015 de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, SA.

La Cámara de Cuentas sostiene que la sociedad presentaba "un claro desequilibrio que se manifiesta en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".

En este sentido, subraya que, durante los ejercicios de 2008 a 2014, en los que la sociedad "entra inequívocamente en una situación de declive empresarial", se observa que la estructura directiva "no solo no disminuye sino que, por el contrario, se incrementa". "Este incremento exponencial de cargos directivos supone una vulneración de los principios de economía, eficiencia y eficacia", agrega el informe.

Tras apuntar que "no hay constancia de que existiera ningún organigrama en donde se establecieran las funciones y competencias a desarrollar por el personal de plantilla", la Cámara de Cuentas explicar que "también es significativo la desproporción existente" entre el personal directivo y personal auxiliar y administrativo.

La nómina mensual media de la sociedad, según el informe, "llega a alcanzar los 5.000 euros en el ejercicio 2009", tras varios incrementos retributivos anuales que "resultan, por lo general, muy superiores a los establecidos para el personal al servicio de las Administraciones Públicas".

A juicio de la Cámara de Cuentas, "resulta sorprendente" que "el núcleo incremental de los salarios se da, principalmente, durante el ejercicio 2008, que es cuando la actividad del proyecto comienza a paralizarse".

NOTABLE FALTA DE DILIGENCIA

En cuanto a los edificios, señala que sólo llegaron a traspasarse al Campus de la Justicia dos edificios y las únicas obras que se llegaron a realizar fueran la construcción del Instituto de Medicina Legal y parcialmente dos túneles de interconexión con otros inmuebles que no se llegaron a desarrollar.

Sin embargo, esos inmuebles sí generaron costes, como los edificios del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial que, "sin tener una sola piedra colocada", generaron unos costes de casi 19 millones de euros.

"Esa notable falta de diligencia en la custodia y buena gestión del patrimonio de la entidad pudo originar pérdidas que, hoy por hoy, no es posible cuantificar dada la insuficiencia de la documentación soporte de las operaciones", continúa el informe.

Como la sociedad se dio por extinguida el 31 de julio de 2014, la Cámara de Cuentas concluye que "no se procede, en consecuencia, a realizar eventuales recomendaciones".

LA OPOSICIÓN LO DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

Esta misma semana, diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid presentaron en la Fiscalía Anticorrupción un informe con las "irregularidades" detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto que según sus estimaciones supuso un "quebranto patrimonial" de más de 130 millones de euros.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea informa de que el informe de la Cámara de Cuentas describe "buena parte de las irregularidades" denunciadas por los grupos de la oposición ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Campus de la Justicia "está cuajado de actuaciones ilegales que, sin duda, darán lugar a actuaciones judicial sobre los responsables de las mismas", prosigue la nota del PSOE-M.

La diputada socialista Mercelles Gallizo propone a Podemos y Ciudadanos remitir a la Fiscalía Anticorrupción el informe de la Cámara de Cuentas como ampliación de su denuncia."En los próximos días vamos a proponer diversas iniciativas en la Asamblea de Madrid para que el Gobierno explique su pasividad ante este escándalo que han ido conociendo desde el primer momento en que se empezó a desvelar la trama que había detrás de él, y el cúmulo de irregularidades que se cometieron con el dinero de los madrileños. El quebranto producido a las arcas de la Comunidad, en nuestra estimación, puede superar los 130 millones de euros", resalta Gallizo.