Una auditoría desaconsejó al Canal de Isabel II la compra de la empresa Emissao, el detonante de la operación Lezo. Son datos a los que ha tenido acceso Telemadrid. El informe apuntaba a prácticas fraudulentas y corrupción en la forma de actuar de la compañía, en concreto, sobornos a funcionarios. No se tuvo en cuenta, y ni siquiera se adjuntó a la documentación de la compra. El informe está ya en poder de la Fiscalía.
A partir de las 17 horas se celebra la primera Junta General de Accionistas del Canal de Isabel II tras el caso Lezo. Una reunión, en la que se va a analizar la expansión de esta empresa en Latinoamérica. Sobre la mesa estarán también los documentos a los que ha tenido acceso Telemadrid. Contienen pagos a la auditora KPGM por importe de 5 millones de euros. También constan informes que desaconsejaban la compra de la brasileña Emissao. KPMG era contundente: Alertaba de que en la empresa Emissao había casos de soborno a funcionarios públicos y desaconsejaba la compra de la compañía brasileña. Ese informe que se ignoro y no se tuvo en cuenta ha sido remitido por el gobierno regional a la fiscalia. El director general del Canal Isabel II, Rafael Prieto, tiene la seguridad de que ese informe era conocido por personas que actualmente estan inmersas en las investigaciones de la operación Lezo.
La compra de Emissao está en el origen de la operación Lezo. KPMG está tambien bajo sospecha en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
EL CANAL INCIARÁ UN PROCESO DE ARBITRAJE PARA RECLAMAR ENTRE 7 Y 10 MILLONES AL EXPROPIETARIO DE EMISSAO
El Canal de Isabel II iniciará un proceso de arbitraje en Brasil para formular una reclamación de entre 7 y 10 millones al expropietario de Emissao debido a que la compra de la empresa brasileña "se hizo sin conocer todos los datos" conforme a la realidad de la empresa. Así lo han indicado en un desayuno informativo el presidente del Canal de Isabel II, Angel Garrido, y el director general Rafael Prieto, que han explicado que se van a reclamar contingencias al propietario que suscribió la venta de Emissao en 2013 mediante un procedimiento de arbitraje en virtud de una cláusula pactada cuando se negoció la compraventa del 75 por ciento de Emissao.
Canal de Isabel II entiende que en el momento de la compra de Emissao, cuyo precio de venta fue de 21,5 millones de euros, "existían elementos que no estaban recogidos en la contabilidad de la compañía" como "activos sobrevalorados y pasivos laborales y fiscales".
Según ha precisado el consejero, dentro de los planes de venta de las empresas de Canal en Latinoamérica, también está prevista la venta de Emissao y el proceso de arbitraje "no es excluyente" de esta venta. Además, al margen de esta reclamación económica vía arbitraje, la empresa madrileña podría emprender otro tipo de acciones judiciales si se detectaran "otro tipo de delitos".
En cuanto a la situación de Emissao, el consejero ha explicado que "el año pasado fue bueno" y la empresa dio beneficios, pero ha apuntado que hay un deterioro del fondo de comercio que asciende a 8,1 millones de euros. Es decir, que Canal no recuperaría del entorno de los ocho millones de euros.
El director general ha indicado que no se refieren a si Emissao estuvo "mal o bien comprada", sino a "cómo" se hizo y si había elementos para conocer cuánto valía la empresa. Ahora han hecho un estudio y "lo que dicen las cifras es que después de estar operando dos años y medio no recuperarían esos ocho millones que se han deteriorado". "Se sobrevaloró", ha apostillado.
El Canal de Isabel II calcula que en un año habrá culminado el proceso de venta de todas sus empresas en América Latina, incluida la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, investigada en la operación Lezo. Además, la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua estudia la opción de acabar con su actividad en España más allá de la Comunidad de Madrid. Esto supondría la venta de la empresa Canal Gestión Lanzarote, participada íntegramente por el Canal, y la desaparición de la delegación de Cáceres. Así lo ha anunciado el presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.
A partir del mes de septiembre, ha dicho que tienen la intención de "cerrar" una etapa del Canal y comenzar una nueva andadura con un plan estratégico para 2022 que ya están elaborando los trabajadores de la compañía. "Queremos relanzar el carácter público atrayendo a nuestro accionariado a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid", ha apuntado.
En la actualidad, en el accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión está representada la Comunidad de Madrid, a través del ente público Canal de Isabel II, y 111 municipios de la región. Otros como Leganés y Brunete han manifestado su interés en formar parte del Canal, según ha señalado Garrido, que ha añadido que están estudiando cuál sería "la fórmula más adecuada" para incorporar nuevos accionistas, dada la "complejidad" del proceso. La intención es contar con los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, algunos de los cuales, como los de la Sierra Norte, "quedaron excluidos casi en su totalidad del accionariado seguramente porque no se encontró una estrategia adecuada para ellos"."Debimos ser un poco más generosos con ellos y lo vamos a ser", ha asegurado.
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EXIGIRÁ LOS DOCUMENTOS Y RECLAMARÁ PROHIBIR LAS INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
El Ayuntamiento de Madrid exigirá esta tarde en la Junta General de Accionistas del Canal de Isabel II documentos de los convenios que firmaron en el pasado ambas instituciones y un rediseño de la empresa regional para que no vuelva a hacer inversiones en el extranjero. Así lo anunció en la rueda posterior a la Junta de Gobierno la portavoz de la misma, Rita Maestre, quien avanzó que éstas serán las dos posiciones que mantendrá esta tarde el Ayuntamiento en la Junta de Accionistas de una empresa de la que posee el 10% de las acciones.
Maestre dijo que el Ayuntamiento exigirá "una mayor transparencia" en el Canal, porque aseguró que el Consistorio no dispone de documentación sobre los actuales convenios que tiene firmados con la empresa de gestión de aguas ni tampoco sobre los que hubo en el pasado, de forma que "carece de información básica" sobre las memorias económicas, los informes de asesoría jurídica y el grueso de los expedientes, "que nos permitirán conocer por qué se firmaron unos acuerdos y no otros".
Por otra parte, la portavoz adelantó que el Ayuntamiento reclamará "la reestructuración o rediseño" de la empresa regional para que abandone toda inversión extranjera, y se centre en el saneamiento y distribución del agua de Madrid, que es su cometido. Según incidió, si ya "en abstracto" la política de hacer inversiones en el extranjero le parecía "una mala idea", ahora además se ha demostrado que ese paraguas ha sido "un enorme caldo de cultivo para el saqueo de las arcas públicas".
ALCALDES SOCIALISTAS PERDIRAN EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA
Los más de 40 alcaldes y alcaldesas del PSOE que esta tarde participarán en la Junta anual de accionistas del Canal de Isabel II pedirán, por un lado, abordar el "escándalo de corrupción" que ha afectado a la compañía de aguas, y por otro, la disolución de la empresa mercantil. Los alcaldes y alcaldesas socialistas solicitarán formalmente la inclusión de un nuevo punto del orden que rinda cuentas "de los escándalos de corrupción desvelados durante este ejercicio".
La alcaldesa de Getafe y secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha señalado este miércoles que "la corrupción del PP de Madrid ha supuesto un quebranto patrimonial sin precedentes para el Canal de Isabel II y por lo tanto para todos los madrileños". Así, desde el PSOE han avanzado que los alcaldes socialistas votarán en contra de las cuentas presentadas por el Canal. Para el alcalde de Soto, Juan Lobato, que actúa como portavoz de los alcaldes en este órgano, "esto es ejemplo del proceso privatizador lanzado por el PP de Madrid".
También demanda, de acuerdo con la solicitud de los colectivos sociales en defensa del agua pública y con la propuesta presentada por PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, "la disolución de la empresa mercantil Canal Gestión S.A. y la devolución de sus competencias al ente público centenario Canal de Isabel II, para asegurar que el agua sea de todos los madrileños".
