El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha asegurado hoy que el Canal de Isabel II no pagó "ni un euro más de lo que se tenía que pagar" por la sociedad Inassa, cuya compra es investigada en el caso Lezo por un posible sobreprecio de 70 millones de euros. Canalda, director gerente del Canal en el momento de la operación, ha comparecido en la comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid a petición de Podemos, que hace una semana pidió su cese.
Según el exgerente, la decisión de comprar Inassa "estaba bien tomada" y no tuvo "ninguna sospecha" de que pudiera haber "nada raro", dado que "ninguno de los informes desaconsejaba la operación".
Entre los susodichos informes, Canalda ha destacado tres que tasaron Inassa entre 85 y 100 millones de euros: uno de los técnicos del propio Canal de Isabel II, uno de una empresa "especialista en gestión del agua" y otro del banco suizo Notenstein La Roche. Este mismo banco fue, ha dicho Canalda, el mismo que convocó el concurso internacional para adquirir Inassa, cuya adjudicación ganó el Canal porque su oferta "era buena" y acorde "a los requerimientos" de la licitación.
Además, el presidente de la Cámara de Cuentas ha aclarado que no hubo ningún desvío de fondos a Panamá, sino que la compra se sustanció en el país centroamericano porque la empresa tenedora de las acciones de Inassa "estaba radicada en Panamá".
Canalda también ha argumentado que cuando llegó al Canal sus funcionarios llevaban "ocho meses" trabajando en la transacción y que, dado que "estaba todo bien hecho", no se podía "echar atrás".
Y ha añadido que la operación contó con el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno como de la Asamblea de Madrid.
Respecto a su labor en la Cámara de Cuentas, ha declarado que "está fiscalizando" el Canal y ha asegurado estar "relativamente" satisfecho, si bien ha admitido que se podrían haber detectado "más cosas".
Ha destacado, asimismo, el esfuerzo realizado por el órgano que preside para auditar las cuentas del grupo iberoamericano que gestiona el Canal de Isabel II, a pesar de su "bajo impacto" sobre el conjunto económico.
La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez Eloy Velasco, que añade que el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente de unos 30 millones según los investigadores.
