El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), introducirá a partir del 1 de enero de 2017 una tasa de aprovechamiento del dominio público que supondrá, para las entidades bancarias, el pago de un impuesto municipal por la ubicación de cajeros automáticos en la vía pública.
El concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado hoy esta medida junto a la portavoz municipal, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local donde se ha aprobado esta tasa que aportará 745.405 euros a las arcas municipales.
La propuesta, incluida en las ordenanzas fiscales de 2017, tendrá "un impacto económico reducido" si se compara con otras tasas, aunque el concejal de Ahora Madrid ha considerado que es "interesante" dedicar ese dinero a "programas sociales".
La tasa no será la misma para los 2.084 dispositivos con que cuenta Madrid, sino que variará en función de la ubicación del cajero en 9 categorías, desde los 26,21 euros anuales que costará la más barata a los 742,22 de tasa máxima.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró el 14 de julio del año pasado que no se gravaría la instalación de cajeros en la calle después de que Carlos Sánchez Mato anunciase en comisión que se estaba estudiando esta medida finalmente presentada hoy.
Preguntado por esa divergencia con la alcaldesa, quien hoy no ha presidido la Junta de Gobierno por estar en Bogotá (Colombia), el edil ha respondido que no ha habido "diferencia interna" sobre este asunto sino que el año pasado se dijo que "era una cosa que estaba en estudio" mientras que ahora esos informes ya están terminados "y simplemente se aplican".
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato ha precisado que la nueva tasa afectará a aquellos cajeros propiedad de las entidades financieras a los que solo se puede acceder desde la vía pública y ha incidido en que la tasa repercutirá en los bancos. "Entendemos que el aprovechamiento de la vía pública tiene que conllevar una tarifa", ha comentado el concejal para acto seguido recordar que también los bares pagan un impuesto al Ayuntamiento por instalar sus terrazas en la calle.
BAJA EL IBI PARA 375.000 VECINOS
La Junta de Gobierno, presidida por la alcaldesa en funciones Marta Higueras, ha aprobado este jueves una primera tanda de doce ordenanzas fiscales para 2017 que incluye bajadas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o en la Tasa de Vados junto con el incremento en la de Vehículos de Tracción Mecánica, que sube para los turismos con más de 16 caballos fiscales, los considerados coches 'coches de lujo', y para las motocicletas de gran cilindrada.
La Agencia Tributaria de Madrid estima que el impacto conjunto de las modificaciones de las ordenanzas fiscales aprobadas hoy supondrá una disminución de la recaudación de más de un millón de euros pero es previsible que esta bajada quede equilibrada con modificaciones de otras ordenanzas fiscales, de previsible aprobación en la Junta de Gobierno de la próxima semana.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha presentado en rueda de prensa esta primera hornada de ordenanzas fiscales, entre las que ha destacado la maximización de la progresividad tributaria en el IBI, sin tocar los tipos. La facilitada progresividad fiscal se traducirá en el recibo de 370.088 domicilios de 22 barrios de Carabanchel, Puente y Villa de Vallecas, Usera y Villaverde, que verán reducida su cuota entre un 20 y un 40 por ciento de mano de la revisión catastral llevada a cabo para que el valor de los inmuebles se ajuste más a la realidad. A esa reducción destinada a una cuarta parte de los recibos, "los más dañados por la crisis", habrá que sumar la disminución generalizada, ya aplicada en los del presente ejercicio, por el que los recibos del IBI bajan un 7 por ciento.
Junto a esto hay que sumar el procedimiento de regularización catastral, en el que la Agencia Tributaria municipal colabora con el Ministerio de Hacienda, tras detectar situaciones irregulares, es decir, construcciones no declaradas como piscinas o ampliaciones de vivienda. Este procedimiento, iniciado en 2016, permite regularizar los cambios e incorporarlos al Catastro, previo pago de una tasa.
