El Ayuntamiento que dirige la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) quiere poner en marcha una nueva figura político-policial en los 121 barrios de la ciudad, según informa el diario EL PAÍS.
El diario asegura que a través de la implantación de la llamada Policía Comunitaria, se pretende crear una estructura policial, judicial y social paralela a la existente. Esta incluye un gestor de barrio (nombrado por el Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de convivencia y seguridad.
El Consistorio pretende crear también “jurados vecinales”, donde se encontrarán víctimas y delincuentes. La experiencia piloto se iniciará en Lavapiés.
EL BARRIO DE EMBAJADORES SERÁ EL PRIMERO
Según el programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia para el barrio de Embajadores al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ayuntamiento crea una estructura paralela a las existentes en seguridad, servicios sociales y judicatura.
Actualmente, la seguridad en Madrid depende de las Policías Municipal y Nacional. Los servicios sociales son competencia de las respectivas áreas locales y de la Comunidad de Madrid. La delegada de Gobierno es la máxima autoridad política en seguridad y depende del Ejecutivo central. Las infracciones penales entran exclusivamente dentro del ámbito de los jueces y magistrados.
El modelo que pretende instaurar Ahora Madrid choca frontalmente con este sistema. El nuevo proyecto instaura la hasta ahora desconocida figura del “jurado vecinal”. En él, infractores, delincuentes y víctimas “tienen la oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la comunidad”.
“La comunidad, por su parte, aceptará el reconocimiento de culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación del daño hecho”. Se busca la “reintegración social” del delincuente. Estos acuerdos deberán ser ratificados por un “juez ordinario”. El Ayuntamiento sostiene que este sistema se aplica ya en Estados Unidos, Inglaterra y Australia “con gran éxito”.
"GESTOR DE BARRIO"
Otra de las novedades del plan que quiere poner en marcha Manuela Carmena es el llamado “gestor de barrio”, máximo responsable del complejo organigrama que definirá la política de seguridad en la capital.
El gestor (que será nombrado directamente por el Ayuntamiento) asume la gestión y la coordinación de todos los organismos, los servicios y las Administraciones implicadas. Orgánicamente dependerá del concejal del distrito y del edil de Seguridad.
Bajo la responsabilidad de los futuros 121 gestores de barrio también estarán los integrantes de la llamada Unidad de Policía Comunitaria (agentes voluntarios que harán labores de mediación). Las futuras unidades de intervención en crisis y de emergencias dependerán, a su vez, de la Policía Comunitaria.
Hoy mismo Carmena ha dicho que se trata "de una estructura de mediación en el marco de lo que son las políticas comunitarias de cohesión más importantes del mundo". En su opinión no tiene "nada que ver" con las competencias judiciales ni atenta contra ellas, pues se trata de una actuación de la policía comunitaria "absolutamente irrelevante".
La alcaldesa ha comparado este proyecto de policía comunitaria con la existencia de "policías tutores", mientras que el concejal delegado de Seguridad, Javier Barbero, ha comentado que el proyecto se aprobó con el apoyo del PP en la Junta del Distrito centro para buscar una "estructura de mediación". Y ha añadido que es una experiencia piloto puesta en marcha en el barrio de Lavapiés, donde había habido una petición de los vecinos como es la mesa de convivencia y seguridad, que después se llevará si procede a otros distritos.
TOTAL RECHAZO DE LOS SINDICATOS DE POLICÍA
El secretario general del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo), Francisco Torres, rechaza de plano el nuevo planteamiento desarrollado por el equipo de Javier Barbero. “¿Qué pretenden con esta nueva estructura? Habrá que recordar al concejal que tenemos un Código Penal, unos jueces y unos fiscales. Con ellos no vale el sermón filosófico y teológico a que nos tiene acostumbrados”, criticó Torres.
El responsable del CPPM recordó que la Policía Municipal ya tiene numerosas normas que regulan su funcionamiento como para que ahora se añadan mayores complicaciones a su trabajo: “Con estas innovaciones, lo único que van a conseguir es enfadar aún más a los policías y que no sepan qué es lo que tiene que hacer en cada situación”.
Julián Leal, del Colectivo Profesional de Policia Municipal se muestra escandalizado y asegura que "pensamos que van a ser comisarios políticos en toda regla".
El presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón, también le auguró poco futuro a “este nuevo germen” de Barbero. “Lo que no entiendo es que se quiera extender este modelo a toda la capital cuando no tenemos ni suficientes policías para sacar dos coches patrullas en algunos distritos en ciertos turnos”, recuerda Bahón.
El dirigente de la APMU también destaca que en la actualidad ya existen los policías mediadores y que su trabajo de mediación se reduce a uno o dos casos al mes, en el mejor de los casos. La participación en estos órganos es voluntaria y mucha gente no se somete a ellos, ya que no reconoce su autoridad.
“Todo esto que se quiere montar no tiene ninguna base jurídica y al final se va a meter a la policía que es inviable. Espero que la fecha de caducidad de todo esto esté muy cerca por el bien de los agentes y de los propios ciudadanos”, concluye.
GARRIDO: "UN ABSOLUTO DESPROPÓSITO"
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz el Gobierno regional, Ángel Garrido, ve un "absoluto despropósito" que el Ayuntamiento se plantee implicar a los madrileños en la resolución de conflictos vecinales junto con la Policía Municipal. Así lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, preguntado por el "Programa de gobernanza comunitaria" en el que trabaja el Consistorio madrileño, que plantea la implicación de los madrileños en la resolución de conflictos vecinales junto con la Policía Municipal con el objetivo de evitar llegar a los tribunales en problemas de convivencia cotidianos como el exceso de ruido en un bar o la suciedad en sus calles.
"Habiendo tantos problemas por resolver, no está la cosa para estas ocurrencias", ha criticado Garrido.
El consejero ha asegurado que los sindicatos policiales han tachado la idea de "absoluto despropósito", y "a nosotros también nos lo parece".
Porque, ha seguido explicando, ya hay un sistema legal y judicial para resolver conflictos, y "está de más cualquier otra estructura paralela que sólo puede provocar problemas, más que dar solución".
EL PP LO CALIFICA DE "SISTEMA VENEZOLANO"
El portavoz municipal adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, mostró su total desacuerdo con el plan de policía comunitaria de la Concejalía de Seguridad. De hecho, lo calificó de “perverso”: “No podemos estar de acuerdo con un sistema donde se termina entregando el poder a unas instituciones que no tienen ningún soporte legal”, declaró a EL PAÍS.
“Todo esto lo que genera es un vecino más controlado e indefenso, que ni siquiera sabe cómo se elige a los gestores de barrio o a los integrantes de los jurados vecinales”, critica el portavoz del PP.
Henríquez de Luna compara la propuesta del concejal de Seguridad, Javier Barbero, con los “modelos participativos de Venezuela”. “La policía tiene que cumplir una función y no es solo la de mediación. También tiene que ser reactiva y luchar contra el delito”, añade. “Han elegido Lavapiés porque es un sitio en el que se sienten cómodos por tener tantos seguidores”.
