Cifuentes prepara una nueva Ley de Suelo para "agilizar" planes urbanísticos

El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha aprobad el borrador del anteproyecto de una nueva ley del suelo con la que pretende "agilizar" los trámites en la elaboración de planes urbanísticos y "garantizar" el derecho a la participación de los ciudadanos.

"Con esta nueva ley de urbanismo y suelo se ha tratado de llenar un vacío, dar respuesta a las necesidades que tiene el urbanismo del siglo XXI, dar más facilidades y más seguridad jurídica", ha señalado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico ha presentado este lunes un borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad, que dará la opción a los grandes municipios de contar con programas municipales de actuación sobre el medio urbano, que les permitirán hacer cambios en su planeamiento para hacer acciones de rehabilitación y generación sin necesidad de tener que modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En cuanto a los pequeños municipios, podrán disponer de PGOU más flexible, del que podrán hacer uso cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos. Así lo ha dicho Cifuentes en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha presentado esta nueva Ley del Urbanismo y Suelo regional, la primera desde 2001, momento en que entró un vigor una norma que a día de hoy ha sufrido más de quince modificaciones.

La presidenta ha destacado que es una "ley completamente nueva y extraordinariamente importante para garantizar el desarrollo sostenible". Además, ha remarcado la necesidad de su elaboración porque la actual es de 2001 y ha sufrido quince modificaciones y por la necesidad de "dar respuesta a las nuevas necesidades urbanísticas", es decir, adaptarse al "urbanismo del siglo XXI".

CAMBIOS SIN MODIFICAR EL PGOU

Entre las novedades de la ley, las medianas y grandes ciudades de la región tendrán a su disposición nuevos instrumentos urbanísticos como los programas municipales de actuación sobre el medio urbano, cuya elaboración será voluntaria y permitirán que las alteraciones del planeamiento necesarias para desarrollar y ejecutar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se incluyan en los mismos sólo requieran la aprobación de planes especiales, sin que sea necesario modificar el planeamiento general como hasta ahora.

Destaca también la inclusión de un Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, diseñado para los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta 6 millones de euros de presupuesto.

Estos municipios podrán optar por este Plan General Simplificado más flexible y ágil que el Ordinario siempre y cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos. Este planeamiento podría aplicarse hasta en 86 municipios que cumplen están condiciones de población y presupuesto, casi la mitad de los 179 de la región.

EVITAR "DESARROLLOS URBANISTICOS INNECESARIOS"

La nueva Ley mantiene las clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable pero con modificaciones, de tal forma que el suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado pasa a ser suelo no urbanizable común.

Este cambio clarifica qué suelos se puede desarrollar o no. Así, en el suelo no urbanizable común no se podrá construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planeamiento general a iniciativa de los propios ayuntamientos. Se pretende así conseguir un urbanismo más sostenible y que evite desarrollos urbanísticos innecesarios", ha afirmado Cifuentes.

"Se va a poder construir más allá de tres alturas", ha afirmado la popular, quien ha explicado que este punto se mantiene "en los mismos términos" que en la actual ley. Será un tema que se tratará de manera individual con cada municipio en las modificaciones de PGOU, han explicado desde el Ejecutivo autonómico.

A este respecto, Cifuentes ha explicado que "lo que pretende la ley es facilitar, no interferir, que haya mayores garantías por parte de la Comunidad de Madrid", por lo que no va a afectar a los grandes proyectos que están en marcha.

SE ENDURECE EL REGIMEN SANCIONADOR

En materia de legalidad urbanística también se introducen novedades. La Ley refuerza la capacidad de las administraciones para actuar frente a posibles infracciones urbanísticas, incrementando los plazos de prescripción a ocho años y endureciendo el régimen sancionador, destacando la posibilidad que tendrá la administración para decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una infracción, así como la posibilidad de que a la Administración no le suponga ningún coste las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, repercutiendo ese coste en el infractor.

La ley fomenta la participación ciudadana en el planeamiento de las localidades. Y es que se adapta a la Ley de Transparencia y a las nuevas disposiciones estatales sobre procedimientos administrativos que entrarán en vigor en octubre.

Además de quedar reflejado en la ley, los municipios estarán obligados a facilitar indicadores de información que permitan conocer el seguimiento de su desarrollo, el progreso del PGOU y en su caso, la necesidad de su revisión. Los ciudadanos podrán hacer sugerencias pero no serán vinculantes.

Una vez aprobada la Ley todos los municipios de la región deberán adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones para lo que tendrán un plazo de cuatro años. Si transcurrido este tiempo no han actualizado su Plan General, éste seguirá vigente pero no podrán llevar a cabo ninguna modificación puntual.

En cuanto a los procedimientos que estén en trámite cuando entre en vigor la nueva Ley, seguirán adelante con normalidad adaptándose a las modificaciones incluidas en la nueva norma. Sólo en caso de que dicho expediente se encuentre en una fase inicial, éste deberá iniciarse por completo conforme a la normativa recién aprobada.

TRES MESAS DE TRABAJO

Este texto es el resultado de los trabajos realizados por las Mesas Política, Técnica y Sectorial que durante el último año se han convocado periódicamente para conseguir una norma con el mayor grado de consenso posible. A estas mesas fueron invitados todos los agentes implicados en el sector y grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

A este respecto, Cifuentes ha afirmado que tanto PSOE como Podemos se levantaron en la segunda reunión, al igual que hizo la Federación de Municipios de Madrid (FMM) con el cambio de dirección, que llevó al alcalde de Arganda, Guillermo Hita, a la Presidencia.

En total más de medio centenar de representantes de la sociedad civil, asociacionismo madrileño y municipal como: la Federación de Municipios de Madrid, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, la Asociación de Promotores Inmobiliarios Públicos de Vivienda, catedráticos de geografía física y sociología, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Madrid Foro Empresarial y diversas asociaciones relacionadas con el urbanismo a nivel internacional.

El resultado final es un texto de 273 artículos distribuidos en 10 títulos que se adapta a la legislación Estatal y que ahora será remitido a los servicios jurídicos de la Comunidad antes de ser aprobado como anteproyecto por el Consejo de Gobierno. Tras esta aprobación el texto será remitido a la Asamblea para su tramitación y posterior aprobación.