La juez que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha citado como investigada (imputada) a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por delitos de falsificación de documento público y cohecho.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que ayer comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril como máxima autoridad de la Comunidad, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.
Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.
La juez del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas. La última de ellas, ayer mismo, Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y quien aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.
La juez tomó declaración a López de los Mozos como testigo, pero decidió imputarla por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado supuestamente a alumnos que podrían no haber cursado el máster de esa universidad.
Ayer declararon ante la magistrada otras dos investigadas: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas.
La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.
Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.
Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, en este caso como investigado. Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.
PENAS DE HASTA SEIS AÑOS DE CARCEL
Los delitos de cohecho y falsedad documental, infracciones penales por los que tendrá que declarar la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes por el caso del máster, acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un periodo de seis años.
El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Este delito viene regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de 'Delitos contra la Administración Pública'. Fuentes jurídicas han especificado a Europa Press que en el caso de Cifuentes el cohecho que se le atribuye es el relativo al artículo 422, el mismo que se dio en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps. Se trata del cohecho pasivo impropio. En concreto, el artículo establece que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años".
El delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad". Especifica que está falsedad se refiere a alterar "un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o simular"un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad", entre otros aspectos.
EL PSOE PIDE DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA MIENTRAS PODEMOS URGE UN CAMBIO POLITICO
El presidente del PSOE-M, José Manuel Franco declaraba a Telemadrid, tras conocer la noticia que "hay que dejar trabajar a la Justicia y que siga su camino". Franco recordó que su partido ha exigido desde un momento responsabilidades políticas por estos hechos y de ahí la moción de censura presentada en su momento contra la presidencia. Tras la dimisión de la ex-presidenta y el abandono de todos sus cargos políticos, Franco entiende que es la hora de la Justicia.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha considerado hoy en Toledo que no parece que Ciudadanos vaya a replantearse su apoyo a que Ángel Garrido sea investido presidente de la Comunidad de Madrid, a pesar de la imputación de la expresidenta Cristina Cifuentes "toda vez que ellos decían que en cualquier caso iban a votar a un candidato del Partido Popular, incluso sin saber el nombre, fuera quien fuere"."Ellos han manifestado expresamente cuál es su posición, a mí me parece que es un error, pero yo lo respeto, a mí me parece que no están a la altura de los propios discursos que ellos plantean que son de regeneración, de nueva política", ha añadido.
Por el contrario, el portavoz adjunto de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, considera que tras esta nueva imputación que es la tercera de un expresidente del PP, la situación es insostenible y argumenta que "necesitamos un cambio político ya".
López ha recordado que el pasado 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, ninguno de los cuatro últimos presidentes de la región -Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes- pudo estar en la celebración institucional y ha añadido que esos cuatro expresidentes madrileños están "de manera o de otra pasando por los tribunales"."Ahora, que estamos asistiendo al apoyo de Cs al PP, (...) es el momento de la política con mayúsculas, no con minúsculas, y esta región necesita un cambio. El proyecto de estos veintitrés años del PP se ha hundido y necesitamos otra cosa", ha subrayado.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha señalado este viernes que la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la polémica de su máster "confirma indicios" de una supuesta "trama delictiva" en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Así lo ha expuesto la portavoz adjunta de Ciudadanos en la Cámara regional, Esther Ruiz. Ruiz ha criticado que PP defendiera a la exdirigente madrileña hasta el último día y ahora "su imputación confirma que hay indicios suficientes para hablar de una presunta trama delictiva en la Universidad que ha beneficiado a cargos públicos como a Cifuentes".
