La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha garantizado que mientras siga al frente del Gobierno los inquilinos de pisos sociales no pagarán el IBI de las mismas, y ha dicho que va a instar a todos los Ayuntamientos a que bonifiquen la cuota íntegra del impuesto a favor de estas viviendas.
Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno Cifuentes se ha referido a una información publicada hoy por El Mundo, según la cual el Gobierno estudiaba repercutir el IBI a los inquilinos y, posteriormente, pedir un informe a la Comisión Jurídica de la Comunidad para que determinase si tendrían que asumir el coste la Administración autonómica o los vecinos.
Según esta información, la modificación en 2008 de la Ley de Haciendas Locales obligaba a las regiones a tener que pagar el IBI a partir de 2009. Esperanza Aguirre e Ignacio González no lo hicieron y el Tribunal de Cuentas le remitió a finales del pasado año un requerimiento para hacerlo.
Ante la "alarma" que, a su juicio, se ha podido crear entre los afectados, Cifuentes ha querido dejar claro que los inquilinos de las viviendas sociales "no van a tener que pagar el IBI".
La Comunidad asume de momento el pago de este impuesto de 20.000 familias que viven en estas viviendas sociales precisamente por la falta de recursos, y por ello "sería incoherente" que tuvieran que pagar un impuesto que, en muchos casos, sería más alto que el propio alquiler que actualmente pagan, algo "imposible de asumir" para estas personas.
Y es que, según sus cálculos, repercutir a los inquilinos el pago del impuesto de bienes inmuebles supondría aumentar "entre un 22 y un 1.022%" las rentas que mensualmente pagan. Ha detallado que la Agencia de Vivienda Social contempla en sus presupuestos para este año una partida específica para pagar los recibos de las 20.000 viviendas sin que repercuta en los inquilinos.
Además, ha explicado que la Agencia aprobó el pasado 22 de abril un acuerdo por el que se insta a los Ayuntamientos a que bonifiquen la cuota íntegra del IBI a favor de las viviendas protegidas, propuesta que el Gobierno regional va a presentar como proposición no de ley en la Asamblea en próximas fechas.
