La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha insistido hoy ante la jueza que presentó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) tras aprobar todas las asignaturas sin irregularidades y que lo defendió ante un tribunal, además de reafirmarse en que tenía dispensa del director para no ir a clase. Fuentes jurídicas han informado de que Cifuentes ha comparecido durante hora y media ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que la investiga por delitos de prevaricación administrativa, cohecho y falsedad documental.
En su comparecencia, Cifuentes no se ha salido del guion ofrecido hasta la fecha y ha mantenido todos y cada uno de los puntos de su tesis, aferrada al hecho de que todo lo que aconteció en el máster fue absolutamente legal cumpliendo con los trámites establecidos. Pero también con el acuerdo alcanzando con el entonces director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, de quien ha dicho que era su único interlocutor con los profesores y la persona que le autorizó a no asistir a ninguna clase del máster.
La exdirigente popular ha defendido que no solo hizo el Trabajo de Fin de Máster sino que también lo defendió por apenas cinco minutos ante el tribunal, aunque no recuerda cuándo fue, quiénes componían la sala y tampoco qué ha sido del trabajó que presentó que, según cree, se debió de perder en una mudanza.
Asimismo, ha manifestado que el polémico acta de evaluación, que presuntamente fue falsificado por tres profesoras con el beneplácito de Conde y las supuestas presiones del entorno de Cifuentes, se lo mandó la universidad sin que ella lo hubiera pedido.
La tasa de seis euros para pagar el TFM por presentarlo fuera de tiempo la abonó porque así se lo demandó la dirección.
Sobre las convalidaciones de tres asignaturas, se ha limitado a decir que eso es un tema académico que incumbe solo a la universidad y, de hecho, ha afirmado que a la funcionaria Amalia Calonge, quien presuntamente modificó sus notas, apenas la conoce. Ha sido en este punto, cuando la exdirigente popular ha negado rotundamente presiones ni de ella ni de su entorno, en contra de las versiones de varios investigados y testigos en la causa que apuntan a Conde, a la exasesora del Gobierno madrileño María Teresa Feito e incluso al rector de la URJC, Javier Ramos.
En su declaración, que según las fuentes ha transcurrido "en un clima de absoluta normalidad y cordialidad", Cifuentes no ha cargado contra nadie y ha respondido a las preguntas de la magistrada, de la fiscal y de su abogada, puesto que el resto de las partes no han formulado ninguna pregunta en sala, un hecho que las fuentes han calificado de "sorprendente".
Precisamente, ha sido la magistrada la que le ha preguntado sobre qué sabía respecto de que el presidente del PP, Pablo Casado, también hubiera cursado el mismo máster, a lo que ella ha respondido que desconocía que él había hecho años antes el mismo máster, pues se enteró de ese información cuando lo publicaron los medios de comunicación.
EVITÓ A LA PRENSA A SU LLEGADA
La exdirigente popular ha llegado puntual a su cita en Plaza de Castilla donde estaba citada como investigada a las 16.30 horas. Pese a la amplia presencia de medios de comunicación, apostados desde hacia horas en las entradas a los juzgados, Cifuentes ha logrado esquivar a la prensa al entrar por el garaje al edificio.
Lo ha hecho en un coche conducido por un agente policial y con escolta, tras un informe del Ministerio del Interior que aconsejaba que en situaciones puntuales y dependiendo del riesgo, ella pudiera llevar escolta, como así han informado fuentes del Gobierno regional, ya que la Ley de Presidencia de Madrid, que daba esa cobertura, fue abolida hace unos años. Las fuentes han precisado que la magistrada no ha tenido nada que ver en estas cuestión.
Unas dos horas después de su llegada, la expresidenta ha eludido a la prensa al abandonar las instalaciones judiciales por una salida de garaje poco habitual, mientras que la prensa la esperaba a unos 200 metros de distancia, en otra salida de vehículos.
EL SUPREMO ACREDITA A LA JUEZA DEL CASO MÁSTER QUE PABLO CASADO ES AFORADO
El Tribunal Supremo ha remitido a la jueza que investiga las irregularidades en el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid toda la documentación que acredita que el presidente electo del PP, Pablo Casado, ostenta la condición de diputado en el Congreso.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha dictado una providencia en la que da por recibida la documentación del alto tribunal.
Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado.
La jueza que investiga las irregularidades en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes abrió una pieza separada respecto del título de la URJC del nuevo presidente del PP, aunque al ser diputado y, por tanto, estar aforado ante el Supremo, pidió al Congreso que certificara su condición de parlamentario.
Pero la Cámara Baja remitió un escrito a la magistrada en el que especificaba que la solicitud se hiciera por un oficio remitido por conducto del Tribunal Supremo, que es lo que ha sucedido ahora.
De esta forma, se despeja el panorama para que, en caso de apreciar indicios de delito, la jueza se inhiba y remita la pieza que investiga el máster de Casado al Supremo, que es el órgano competente para investigarle al tratarse de un diputado nacional.
La jueza abrió la pieza separada para aclarar si las irregularidades detectadas en la promoción de Cifuentes se dieran en la promoción del curso del nuevo presidente del PP.
Para ello solicitó toda la documentación del máster de Casado a la Rey Juan Carlos e imputó al exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, al anterior rector de la URJC Fernando Suárez, y a la profesora Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación. Todos ellos están citados a declarar como investigados el próximo 2 de agosto.
