La Ciudad de Justicia no informó de sus cuentas o lo hizo tarde durante 8 años

La sociedad de Campus de la Justicia no informó a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de su situación o lo hizo fuera de plazo durante los ocho ejercicios posteriores a su constitución y recibió nuevas aportaciones por parte del Gobierno regional un año después de iniciar su disolución.

Así lo ha señalado el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda, durante su comparecencia en la comisión sobre la deuda autonómica de las dos últimas legislaturas que ha arrancado hoy en la Asamblea de Madrid a petición del grupo parlamentario Podemos.

Según ha explicado, en el ejercicio de 2006 el análisis de la sociedad de Campus de Justicia fue "limitado" porque se constituyó un año antes para abordar la construcción de este proyecto, que buscaba agrupar las sedes judiciales en el barrio de Valdebebas. De 2007 a 2009 se rindieron cuentas "fuera del plazo legal establecido" y de 2010 a 2014 no consta la presentación de las mismas en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

"Es el único organismo público dependiente de la Comunidad que no ha rendido cuentas en plazo y al que le faltan algunos años", ha resumido sobre una situación que ha calificado de "absolutamente excepcional", que ha vinculado con una "dejación de los responsables de la gestión" y no con "una voluntad política de no informar".

Al respecto, ha recalcado que la Cámara de Cuentas notificó este hecho en 14 ocasiones tanto a la Asamblea de Madrid como a la Comunidad. "Ha cumplido perfectamente con su obligación", ha dicho para solicitar a continuación que se le dote a este órgano de control de la "capacidad ejecutiva para pedir que se rindan las cuentas", ya que al no disponer de esta información es "imposible determinar la responsabilidad contable".

En su intervención, ha comentado que la Comunidad de Madrid hizo nuevas aportaciones al Campus de la Justicia en 2012 "a pesar de estar en proceso de disolución", aunque ha advertido de la "falta de información para cotejar los importes registrados". Además, ha añadido que en 2013 el Gobierno regional no entregó más dinero a este proyecto pero sí aprobó una provisión de más de 86 millones de euros.

Por su parte, el liquidador de Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández, ha explicado que el periodo de liquidación se llevó a cabo entre el 31 de julio de 2014 y el 5 de febrero de 2015, después de que la junta de accionistas del Consejo de Gobierno de la Comunidad (socio único) lo aprobara por unanimidad, tras más de un año sin actividad en la sociedad.

"Todo el trabajo para la extinción de esta sociedad ha sido sumamente correcto y profesional", ha sostenido sobre la disolución, declarada el pasado 12 de septiembre.

En su comparecencia, ha comentado que se entregó al Gobierno regional el balance final de la liquidación, que ascendía a 25.121.599 euros (entre ellos el Instituto de Medicina Legal, único inmueble construido, de más de 17 millones), y ha asegurado que él no ha recibido "ni un solo euro" del Campus de la Justicia.

En este punto, uno de los portavoces de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha indicado que estos 25 millones de euros forman parte de un presupuesto total de 130 destinados al proyecto, y se ha preguntado dónde están en la actualidad los 105 millones restantes. "No sé dónde están esos cien millones de euros, no tengo por qué saberlo ni le puedo decir nada al respecto", ha declarado el liquidador.

En representación de Podemos, Eduardo Gutiérrez, ha acusado a la Cámara de Cuentas de "mirar para otro lado" con el Campus de la Justicia y de "tener una actitud negligente en el ejercicio de sus competencias legales".

La diputada socialista Mercedes Gallizo ha criticado que la sociedad se haya liquidado sin que se haya informado de las "irregularidades" cometidas en la gestión de un proyecto que ha calificado de "fallido" porque, en su opinión, "se han gastado decenas de millones de euros en obras faraónicas que no tenían viabilidad económica ni funcional".

Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Gómez-Angulo ha recordado que su grupo parlamentario se abstuvo de la composición de esta comisión, ha subrayado que la Comunidad de Madrid "nucna ha superado los límites de endeudamiento que se han marcado los sucesivos gobiernos" y ha sostenido que la Cámara de Cuentas "carece de la capacidad sancionadora para los organismo que incumplen".

En la comisión de estudio sobre deuda, que se celebrará cada quince días, se analizará también la situación del Canal de Isabel II, de Metro de Madrid o de la empresa pública de la Comunidad Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, que suscribió contratos con la trama Púnica y Gürtel.

Podemos ha registrado las peticiones de comparecencia de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Ignacio González, del exconsejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados -actualmente en prisión por la trama Púnica- y el actual responsable de este departamento, Ángel Garrido.

Por su parte, el PP ha solicitado la comparecencia en esta comisión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como las de los exministros de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado.

GARRIDO SE PREGUNTA SI LA COMISIÓN DE LA DEUDA PERSIGUE ALGÚN OTRO INTERÉS

El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dicho que el Ejecutivo colaborará con la Comisión del endeudamiento en la Asamblea, pero ha opinado que las fechas en las que arranca "no son las más adecuadas" y cabría interpretar que lo que busca "es algo distinto a una mera investigación de la deuda".

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido ha confirmado que él ha sido llamado a comparecer en la comisión de estudio que ha arrancado en la Asamblea, a petición de Podemos, para investigar la deuda regional en las dos últimas legislaturas.

El también consejero de Presidencia y Justicia ha asegurado que tanto él como el resto del Gobierno regional colaborarán con la comisión en todo lo que sea preciso y darán "la información que sea necesaria".

Con todo, ha opinado que las fechas en las que arranca esta comisión "no son las más adecuadas" y que "muchas personas pueden interpretar, y seguramente algunas con acierto, que lo que pretende es algo distinto que una mera investigación de la deuda".

Sobre todo, ha seguido explicando, porque Madrid "tiene el nivel más bajo de deuda de todas las comunidades autónomas", por lo que "hubiera sido más interesante iniciar comisiones de investigación de la deuda en cualquier otra comunidad".

Respecto a la petición del PP de que comparezcan en esta comisión el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y exministros del PSOE como Pedro Solbes, Garrido ha argumentado que su testimonio puede ayudar a aclarar por qué se produjo un incremento de la deuda en todas las autonomías, y si tuvo algo que ver con el hecho de que "en parte se ocultó la crisis de forma directa".