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Una de las empresas sobre la que se sustenta la trama es Cofely: es la filial de una multinacional que ofrece servicios energeticos. La Guardia Civil tambien ha detenido a cuatro de sus altos cargos, entre ellos los directores general y comercial. Se benefició de más de la mitad de las adjuidaciones públicas que ahora se investigan.

Esta empresa francesa es según los investigadores la gran beneficiaría de los 250 millones de euros adjudicados en obras y servicios públicos. En concreto habría recibido 160 millones de euros en contratos amañados.

La Fiscalía Anticorrupción ha explicado la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de Madrid, León, Murcia y Valencia y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

La empresa logró que la mayoría de los ayuntamientos implicados en la Operación Púnica Valdemoro, Móstoles o Collado Villalba le concediesen contratos para ahorrar en el suministro energético. Con el dinero obtenido por esas contratas Cofely pagaba supuestamente comisiones a David Marjaliza, mano derecha de Francisco Granados, que as u vez repartía el dinero entre políticos y funcionarios municipales.

En la misma trabaja también desde abril del 2013 Miguel Angel Villanueva, vicealcalde de Madrid. En las últimas hora la empresa ha borrado de su web las noticias de adjudicaciones con ayuntamientos implicados en esta trama. Entre ellos los que firmó con ayuntamientos como el de Parla con el que pretendía ahorrar hasta un 40% de ahorros en el alumbrado público.

En julio de 2013, según señala en su web, esta empresa resultó adjudicataria de un contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla, uno de los municipios investigados y donde ha sido detenido su alcalde, José María Fraile.