La Comunidad lleva a Fiscalía la carta del director del Juan Pablo II

La Comunidad de Madrid ha remitido a la Fiscalía la carta del director del colegio que comparaba la Ley LGTB con "el fanatismo terrorista" para que investigue si el contenido puede incurrir en posible delito. Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para agregar, además, que el departamento que dirige el consejero Carlos Izquierdo ha abierto un proceso de investigación interno sobre este caso.

La polémica carta remitida por el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Matínez, a los padres del centro en septiembre comparaba la ideología que sustenta la Ley LGTB, aprobada en la Asamblea de Madrid y que define como "Ley de Ideología de Género" y tilda de "absurda", con "el fanatismo terrorista".

En la misiva trasladada a los padres de los niños del centro, el director ha comenzado condenando los atentados terroristas de Niza y criticando a continuación que estos actos lleguen "mientras los políticos parece que se entretienen en generar problemas inexistentes".

Para Martínez, los políticos están ocupados en "complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la Ley de Ideología de Género"."`Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos!, `Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! `Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones! El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante", exclama.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que en su momento la Consejería de Educación mandó una inspección al colegio y paralelamente se notificó a la Consejería de Servicios Sociales el contenido de la carta para ver si se había contravenido la ley que lo que hace es proteger de comportamientos que pueden conllevar homofobia, xenofobia o este tipo de cuestiones.

Están todavía pendientes del resultado de la inspección del servicio educativo y de que la Consejería de Asuntos Sociales informe de si la carta puede conculcar la ley de protección frente a la discriminación LGTBI. No obstante, ha destacado que todos los centros deben cumplir la ley.